México, 13 de diciembre de 2017.- Las comisiones unidas de Gobernación, Defensa, Marina y Estudios Legislativos Segunda del Senado, aprobaron, en lo general, por mayoría de votos, el dictamen de la Ley de Seguridad Interior, mismo que será discutido por el pleno en la sesión ordinaria de hoy.
Los senadores acordaron que las reservas al dictamen, incluido un addendum con 9 cambios consensuados entre el PRI, PAN y el Partido Verde, se llevarán al pleno para su discusión.
Entre las modificaciones contenidas en el addendum, destacan, que:
- Los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de esta ley, deberán respetar, proteger y garantizar en todo momento y sin excepción, los derechos humanos.
- Las entidades federativas y las demarcaciones territoriales deberán presentar un programa con plazos, acciones y presupuesto para dar cumplimento al modelo de función policial aprobado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.
La norma establece que el presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas de las entidades federativas, la intervención de la Federación para la realización e implementación de acciones de seguridad interior, es decir, intervención del Ejército y la Marina en zonas de conflicto.
El Partido del Trabajo-Morena y el PRD se aliaron, junto con algunos senadores del PAN, para pronunciarse en contra del ordenamiento, argumentando su inconstitucionalidad y la violación a derechos humanos de los ciudadanos.
El panista Juan Carlos Romero Hicks, fue uno de los críticos de la ley:
“Se atenta contra el Federalismo. ¿Dónde está la autoridad civil? Hay decisiones que lamentablemente suplantan a la autoridad civil. Intervienen una entidad federativa con facultades discrecionales y luego el mismo mando militar establece protocolos. ¿Cómo se le pueda llamar a eso?.. ¿Estado de derecho?”.
Dolores Padierna, senadora del Partido del Trabajo, también atacó su contenido:
“La normalización de la presencia de las Fuerzas Armadas en labores de prevención del delito y de seguridad pública, prologará el proceso de debilitamiento de los esfuerzos por fortalecer a las policías locales, que es el objetivo último aceptado de manera generalizada”.
El panista Roberto Gil, la defendió.
“Hubo un consenso democrático por incorporar al régimen de seguridad nacional al crimen organizado y desde entonces las Fuerzas Armadas tienen responsabilidades en materia de delincuencia organizada. Este dilema que se ha pretendido plantear en el sentido de que las Fuerzas Armadas o están en los cuarteles o están indebidamente en las calles, es un dilema falso”.
En el dictamen se señala que el Consejo de Seguridad Nacional, determinará la procedencia de la intervención de la Federación y expedirá dentro de las 72 horas siguientes la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.
Se señala que en aquellos casos en que las amenazas representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones de gobierno, el Presidente, bajo su estricta responsabilidad, podrá ordenar acciones inmediatas de las Fuerzas Armadas.
La ley precisa que las movilizaciones de protesta social o las que tenga un motivo político-electoral que realicen de conformidad con la Constitución, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la seguridad interior, ni podrán ser materia de declaratoria de protección a la seguridad interior.
Se establece que la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior, no podrá exceder de un año.
Agotada su vigencia, cesará esta intervención, así como las acciones de seguridad interior a cargo de las Fuerzas Armadas.
Aunque, la declaratoria podrá modificarse o prorrogarse por acuerdo del Presidente, mientras subsista la amenaza a la seguridad interior que la motivó.
Las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas desarrollarán actividades de inteligencia en materia de seguridad interior.
Podrán hacer uso de cualquier método lícito de recolección de información. Toda obtención de información de inteligencia, se realizará con pleno respeto a los derechos humanos reconocidos por la Constitución.
