México, 16 de enero de 2018.- Senadores del PAN, PRD y del Partido del Trabajo-Morena, tienen lista la acción inconstitucionalidad que presentarán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la Ley de Seguridad Interior, por violentar 11 artículos de la Constitución Política y 9 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos.
El principal alegato de la acción de inconstitucionalidad que los legisladores pretenden interponer el próximo viernes, es la que con esta norma se busca la construcción de un Estado policíaco, que trastoca las bases del Estado Constitucional Democrático de Derecho, además de otorgarle al presidente de la República y a las Fuerzas Armadas facultades meta-constitucionales en violación a la norma suprema y a los derechos fundamentales de las personas.
Los senadores exponen en el documento de 38 páginas, que conceder al Ejecutivo Federal el súper-poder, es decir, preservar la seguridad nacional y además disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas para la seguridad interna, limita de entrada la soberanía popular y hace nugatorios los principios de división de poderes y el federalismo.
Refieren que esta legislación viola los artículos 39, 40, 41 y 49 de la Constitución, porque esta indica que la soberanía reside en el pueblo, que el Estado mexicano es una República representativa, democrática, federal y laica. No puede por tanto establecerse un régimen militar de excepción como forma de gobierno o de Estado.
Exponen que esta norma sería una transgresión al artículo 29 constitucional, pues las condiciones jurídicas y políticas de excepción en el país o en alguna parte de su territorio, constitucionalmente sólo pueden darse a través del procedimiento de suspensión de derechos y garantías. No puede establecerse un régimen de excepción, transitorio o permanente, para emplear las Fuerzas Armadas y preservar el orden o enfrentar riesgos y amenazas internos, bajo procedimientos legales que no se fundamentan en la Constitución.
Se violan los artículos 1, 10, 14 y 16 de la Constitución, pues la ley propone vulnerar los derechos humanos a manos de autoridades militares, el bloque completo de constitucionalidad y convencionalidad, los derechos de reunión, manifestación y tránsito que se verán restringidos permanentemente con las declaratorias de “protección” a la seguridad interior y con las acciones permanentes para prevenir los riesgos, así como los derechos vinculados al debido proceso que prohíben que las personas sean molestadas en sus propiedades, posesiones o papeles si no es a través de mandamientos de las autoridades competentes.
El empleo amplio de las Fuerzas Armadas por todo el territorio nacional, de manera permanente e impuesta por las autoridades federales del Poder Ejecutivo, trastocaría los artículos 49, 115, 116 y 124 de la Constitución, al representar una transgresión del principio de división de poderes por la ausencia de mecanismos de control legislativos y jurisdiccionales no previsto en este marco legal.
Además, de violarse el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque los ciudadanos carecen de un recurso efectivo para oponerse a esas decisiones y representar un enorme menoscabo a la soberanía de los estados y a la libertad de los municipios.
Los senadores argumentan que la Ley de Seguridad Interior contraviene los tratados y recomendaciones internacionales formulados por organismos internacionales sobre derechos humanos, que han señalado los riesgos de la militarización para los derechos humanos y el empleo de las Fuerzas Armadas de manera excepcional en auxilio a las autoridades civiles y subordinadas siempre a las autoridades civiles.
Advierten que la norma sirve para perpetuar un modelo que en 12 años de aplicación de facto, ha demostrado ser inefectivo para reducir la violencia en el país y que por el contrario ha incrementado la inseguridad, las ejecuciones extrajudiciales, los desaparecidos, etcétera.
