México, 17 de enero de 2018 (Notimex).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó la destitución y consignación penal de 20 funcionarios y 20 ex funcionarios municipales la tarde del martes.
Se trata del alcalde de Coacalco de Berriozábal, Estado de México, Erwin Castelán, así como de su antecesor, el diputado federal tricolor David Sánchez Isidoro, y de otros funcionarios municipales por desacato derivado de una sentencia de amparo.
La decisión por parte del tribunal fue por desobedecer en el pago de 4.1 millones de pesos por un juicio laboral favorable a un ex empleado del municipio.
Cabe destacar que David Sánchez Isidoro no perderá su puesto como diputado, sin embargo, su fuero no lo protegerá del proceso penal, al tratarse de una sanción aplicada directamente por la SJCN.
También la Corte ordenó que se consignara a Manuel Huicochea Cardelas, quien ocupó el puesto de tesorero municipal, así como a quienes ocuparon los puestos de síndico municipales y regidores del mismo municipio.
También quedaron inmediatamente separados de su cargo, Erwin Javier Castelán Cenríquez, Luis Manuel Solano Urbán, y Nora Luz Chávez Hernández, en su carácter de presidente municipal, tesorero municipal y síndico municipal del citado municipio mexiquense.
De igual manera se ordenó la separación del cargo de los regidores del mismo municipio, así como su consignación ante el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del centro de justicia penal federal en el Estado de México, por haber incumplido la sentencia de amparo 257/2012.
La ministra Norma Lucía Piña Hernández señaló que para estas personas propuso la aplicación de la sanción prevista en el Artículo 107, fracción 16 de la Constitución Política mexicana.
Lo anterior, dijo, dado la omisión de las autoridades de cumplir con el fallo protector en los términos que se establecieron y seguido el procedimiento de ejecución, tanto por el juez de distrito como por el tribunal colegiado de circuito, en función de su competencia delegada.
En su oportunidad, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, reiteró que es obligatorio cumplir las sentencias, “esto no es una determinación optativa para la Suprema Corte, es una obligación que la Constitución nos impone, de sancionar y destituir a los funcionarios».
El caso de Tlacotepec, Puebla
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó separar del encargo y consignar ante un juez de Distrito, a los integrantes del Cabildo del Ayuntamiento de Tlacotepec de Benito Juárez, Puebla, por incumplir una sentencia de amparo.
Durante la sesión de este martes, el pleno de la Suprema Corte votó porque quedaran separados de su cargo Pablo Pérez Maceda, en su carácter de presidente municipal del citado municipio poblano.
Así como los regidores Sergio Gámez Beristaín, Margarita Martínez Morales, Pablo Cid López, Yolanda Cortés Baltazar, Rubén Rojas Rojas, Julia Edith Sánchez Juárez, José Alberto Ruíz Montero, María de los Ángeles Méndez Cortes, y la síndico María Angélica Zarate Montero.
Al respecto, el ministro Eduardo Medina Mora señaló que las autoridades responsables siguen sin cumplir la sentencia de amparo en los términos fijados por el Alto Tribunal, en torno al cumplimiento sustituto.
