México, 18 de enero de 2018.- Senadores presentarán este viernes una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior.
Los coordinadores del PRD, Luis Sánchez Jiménez y del Partido del Trabajo, Manuel Bartlett, así como el senador del PAN, Ernesto Ruffo Appel, acudirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a las 10:00 horas, a presentar este recurso.
Miguel Barbosa Huerta, vicecoordinador del Partido del Trabajo-Morena, informó que el acuerdo cuenta con el respaldo de 45 firmas de senadores; 17 de su grupo parlamentario; 7 del PRD; 3 de senadores independientes y 18 de legisladores del PAN.
Recordó que para presentar la acción de inconstitucionalidad, eran necesarias 43 firmas.
Dijo que este recurso se sumará a la controversia que ya presentó el municipio de San Pedro Cholula, Puebla y a las acciones que realicen distintos organismos o instituciones.
Los senadores en la acción de inconstitucionalidad que interpondrán ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentan que la Ley de Seguridad Interior, violenta 11 artículos de la Constitución Política y 9 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos.
El principal alegato es que con esta ley se pretende instaurar un Estado policíaco, que trastoca las bases del Estado Constitucional Democrático de Derecho, además de otorgarle al presidente de la República y a las Fuerzas Armadas facultades meta-constitucionales en violación a la norma suprema y a los derechos fundamentales de las personas.
En el documento de 38 páginas manifiestan que se concede al Ejecutivo Federal un
súperpoder, es decir, preservar la seguridad nacional y además disponer de la totalidad de las Fuerzas Armadas para la seguridad interna, lo que limita de entrada la soberanía popular y hace nugatorios los principios de división de poderes y el federalismo.
Argumentan que la Ley de Seguridad Interior contraviene los tratados y recomendaciones internacionales formulados por organismos internacionales sobre derechos humanos, que han señalado los riesgos de la militarización para los derechos humanos y el empleo de las Fuerzas Armadas de manera excepcional en auxilio a las autoridades civiles y subordinadas siempre a las autoridades civiles.
Advierten que la norma sirve para perpetuar un modelo que en 12 años de aplicación, de facto, ha demostrado ser inefectivo para reducir la violencia en el país y que por el contrario ha incrementado la inseguridad, las ejecuciones extrajudiciales, los desaparecidos, etcétera.
Miguel Barbosa apuntó que los senadores estarán atentos para garantizar que no se ejerza ningún tipo de presión en contra de los funcionarios que apoyen esta acción de inconstitucionalidad o que se realicen prácticas que eviten que la norma llegue a la Corte para su análisis correspondiente.
