México, 23 de enero de 2018.- En cuanto a los señalamientos de que recibió más recursos en 2017, Javier Corral explicó que el estado enfrenta “un déficit de ocho mil millones de pesos y a una serie de argumentos responden con mentiras. Hemos hecho un ahorro de austeridad y logramos un ahorro de mil 800 millones de pesos; lo que dicen de que hay recursos adicionales en aportaciones y participaciones, son recursos que llegaron por ley y podemos decir claramente dónde, cómo y cuándo se aplicaron”.
Insistió en que le han negado los recursos de manera deliberada y no concedió validez al argumento del Gobierno federal, señaló que “han sacado el cobre los tecnócratas de aristocracia de la Secretaría de Hacienda, que es el brazo armado del PRI para tapar las corruptelas de César Duarte”.
Señaló que “es muy importante ubicar el tema, porque la confrontación no la iniciamos nosotros, no la queríamos, no nos gusta, es difícil estar en tensión con un régimen como este, pero tenemos que hacerlo”. Aseveró que no le gusta estar en estos problemas, “yo estoy dedicado a gobernar Chihuahua; tenemos problemas urgentes e importantes que resolver como para, además, estar en esto”.
Dijo que espera encontrarse con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, con quien “habíamos quedado de encontrarnos ayer u hoy; esperamos una cita”.
Javier Corral Jurado lamentó “el silencio, la falta de solidaridad” de otros gobernadores emanados de la oposición, pero consideró que su actitud refleja “el tamaño y la dimensión de la batalla que estamos dando; hay silencios que hablan más que mil palabras y señalan la magnitud de una crisis”.
Se negó a hablar más al respecto, “no voy a entrar en esas especulaciones, no quiero entrar en ese frente. Tengo el apoyo del pueblo de Chihuahua, donde iniciamos un movimiento social y político”. Destacó que incluso “el sector empresarial de Chihuahua entiende la magnitud de este movimiento y se ha puesto a la cabeza”.
Dijo que demanda del Gobierno federal “que haga gestiones reales, que tramite un proceso de extradición real, conforme a las 10 órdenes de aprehensión que depositamos en PGR (Procuraduría General de la República); nos interesa la pena máxima con relación a los delitos que hemos acreditado y buscamos la reparación patrimonial para el estado”.
También, dijo, “buscamos que se levante el castigo y se transfiera lo que está pactado, que son 900 millones de pesos por los convenios restantes. Casualmente, las cuentas de banco funcionaron para un convenio, pero no para los otros tres”.
Sobre la atracción del caso anunciada por la Fepade, Javier Corral subrayó que “no hay posibilidad alguna de que la Fepade atraiga la investigación de la Fiscalía del estado; se habla de una investigación en el ámbito de su competencia, pero no puede haber atracción porque el caso de Chihuahua está judicializado. Hemos pedido que la Fepade investigue el delito electoral, porque es su materia, y debería indagar en otras cuentas, porque es ingenuo pensar que lo que un operador del PRI realizó en un estado no se hizo en otros casos”.
Corral afirmó que no se negarán a entregar información a la Fepade, “cooperaremos en todo y compartiremos información”.
El gobernador señaló que “hasta ahora el único imputado es Alejandro Gutiérrez y no vamos a entrar en especulaciones; la Fiscalía está haciendo la investigación y no vamos a acusar a nadie si no podemos probarlo”.
Negó que el objetivo de sus señalamientos sea dar apoyo a la campaña de Ricardo Anaya, porque “nuestro movimiento no tiene fines electorales ni estará sujeto a una estrategia de campaña. Ahí es donde el presidente Enrique Peña Nieto y el propio candidato quisieron colocar las cosas, porque cuando un asunto entra a las campañas, entra a la guerra de lodo y se agota la calidad de las denuncias”.
En cuanto a las acusaciones de incremento de inseguridad en Chihuahua, el gobernador señaló que “el problema de violencia es general en todo el país”, aunque reconoció que la entidad “enfrenta un problema que se magnifica, pero no estamos como hace cinco a seis años”. Indicó que, si bien hubo avances “es un problema que no se había solucionado de fondo”.
De acuerdo con Corral Jurado, “nunca hemos dejado de reconocer nuestra corresponsabilidad, pero abatimos delitos de alto impacto, ahora estamos entre los últimos lugares en secuestro, extorsión y robo de auto con violencia. Los homicidios violentos, que son los que han repuntado, están relacionados con la delincuencia organizada”. Con esto, aclaró, “no quiero decir que sólo es responsabilidad del Gobierno federal; enfrentamos un problema que se ha diversificado en el país, no lo dejamos de reconocer ni necesitamos cortinas de humo”.
Sin embargo, aseveró, “hay una estrategia para colocar el tema en las noticias. Hay una embustera operación mediática. La semana pasada vimos un día soviético, una coincidencia de titulares en varios periódicos, cinco de ellos compartiendo cabeza, tema, enfoque, primer párrafo”. Señaló que no se refiere a un complot, sino “a control de medios; es una descripción del manejo de la información”.
Sin embargo, admitió, “hay una realidad de inseguridad que no desconocemos y damos resultados; me parece importante señalar que la operación contra la corrupción Justicia para Chihuahua empezó el primer día de gobierno, desde entonces se abrió proceso en contra de funcionarios corruptos; no lo hicimos antier, empezamos al inicio de gobierno en el combate la impunidad”.
Sobre las acusaciones en torno de que el panismo de Chihuahua podría estar implicado en el homicidio de la periodista Miroslava Breach, Javier Corral Jurado indicó que, “en primer lugar, es difícil decir que el panismo local puso a Miroslava; además, lo que se conoce de la investigación es por virtud del trabajo de la Fiscalía en un proceso local abierto; todo lo que se sabe, incluido la grabación, es decisión del Ministerio Público y serán los jueces y el Ministerio Público los que resuelvan este caso”.
Negó haber dicho que se trata de un caso cerrado y defendió que “en 40 años no se había resuelto un caso contra un periodista; nosotros, de entrada, tenemos al principal orquestador del homicidio; en dos meses hubo órdenes de aprehensión en contra de los responsables”.
Explicó que las grabaciones que se publicaron “aparecieron en una diligencia del Ministerio Público, diez u once meses antes del homicidio de Miroslava, y no sólo ellos dos, sino otras muchas personas tienen identidad protegida, eso no quiere decir que están exonerados, pueden estar imputados, pero se reservan sus identidades por protección de la investigación; esta tiene como 20 personas con identidad reservada”.
Insistió en que, en el caso de Miroslava Breach, “hemos desarrollado un proceso abierto y transparente, y serán los jueces quienes definan la sentencia”.
En lo que hace a los jueces estatales dijo que son los mismos que estaban cuando llegó, “no hemos podido cambiarlos, porque no tenemos participación, es determinación del Poder Judicial. El exgobernador dejó cerca de ochenta y tantos jueces provisionales y no queremos quitarlos, hemos llamado a una reforma del Poder Judicial. El Consejo de la Judicatura está por lanzar la convocatoria y hará un concurso para ratificar a los que tengan idoneidad o cambiar a los que sea necesario”.
Señaló que la llamada Caravana por la Dignidad llegará a la Ciudad de México el 4 de febrero e invitó “a los mexicanos a que se sumen a la jornada contra la impunidad”.
El convenio de transferencia de recursos al gobierno de Chihuahua desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público “no está cuestionado, ni las facultades de Hacienda para hacer las transferencias de recursos”; la posición del secretario “es una represalia por el combate a la corrupción” en ese estado, de acuerdo con el gobernador Javier Corral.
Además, en entrevista para Despierta con Loret, el gobernador de Chihuahua calificó de “grotesco que insistan en que dimos mal la cuenta; supongamos sin conceder que así haya sido, se toma el teléfono y se le dice al secretario de Hacienda que hay un error y se soluciona”.
Para el gobernador, “es un pretexto; se dieron muchas explicaciones, como que se cayó la recaudación, que no tienen liquidez, que sería necesario platicar. Acá nos dieron un nuevo argumento: la preocupación por el alcance de la investigación en términos de los recursos que se depositaron a Chihuahua y que se desviaron a través de empresas fantasma y finalmente fueron a parar al PRI nacional”.
Desde su perspectiva: “Quisieron hacer técnica la represalia”. Señaló que cuando lo citaron a dialogar en la Secretaría de Hacienda, “el planteamiento fue conocer el alcance de la investigación que realiza la Fiscalía de Chihuahua”.
Indicó que “Gustavo Madero le dijo a Pepe Toño que por qué quieren hacer tan grande esto, le dice que ‘el gobernador no blofea, van a hacerlo grande cuando está encapsulado en Chihuahua’, y Pepe Toño dijo ‘si es así, podemos hacer un acuerdo de solución’, pero preguntan qué implicaciones tendría la investigación para un señor que estaba ahí, Isaac Gamboa, que es el titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de Hacienda”.
Corral Jurado insistió en que “el convenio no está cuestionado, esto es una represalia por el combate a la corrupción en Chihuahua”.
En cuanto a los señalamientos de que recibió más recursos en 2017, Javier Corral explicó que el estado enfrenta “un déficit de ocho mil millones de pesos y a una serie de argumentos responden con mentiras. Hemos hecho un ahorro de austeridad y logramos un ahorro de mil 800 millones de pesos; lo que dicen de que hay recursos adicionales en aportaciones y participaciones, son recursos que llegaron por ley y podemos decir claramente dónde, cómo y cuándo se aplicaron”.
Insistió en que le han negado los recursos de manera deliberada y no concedió validez al argumento del Gobierno federal, señaló que “han sacado el cobre los tecnócratas de aristocracia de la Secretaría de Hacienda, que es el brazo armado del PRI para tapar las corruptelas de César Duarte”.
Señaló que “es muy importante ubicar el tema, porque la confrontación no la iniciamos nosotros, no la queríamos, no nos gusta, es difícil estar en tensión con un régimen como este, pero tenemos que hacerlo”. Aseveró que no le gusta estar en estos problemas, “yo estoy dedicado a gobernar Chihuahua; tenemos problemas urgentes e importantes que resolver como para, además, estar en esto”.
Dijo que espera encontrarse con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, con quien “habíamos quedado de encontrarnos ayer u hoy; esperamos una cita”.
Javier Corral Jurado lamentó “el silencio, la falta de solidaridad” de otros gobernadores emanados de la oposición, pero consideró que su actitud refleja “el tamaño y la dimensión de la batalla que estamos dando; hay silencios que hablan más que mil palabras y señalan la magnitud de una crisis”.
Se negó a hablar más al respecto, “no voy a entrar en esas especulaciones, no quiero entrar en ese frente. Tengo el apoyo del pueblo de Chihuahua, donde iniciamos un movimiento social y político”. Destacó que incluso “el sector empresarial de Chihuahua entiende la magnitud de este movimiento y se ha puesto a la cabeza”.
Dijo que demanda del Gobierno federal “que haga gestiones reales, que tramite un proceso de extradición real, conforme a las 10 órdenes de aprehensión que depositamos en PGR (Procuraduría General de la República); nos interesa la pena máxima con relación a los delitos que hemos acreditado y buscamos la reparación patrimonial para el estado”.
También, dijo, “buscamos que se levante el castigo y se transfiera lo que está pactado, que son 900 millones de pesos por los convenios restantes. Casualmente, las cuentas de banco funcionaron para un convenio, pero no para los otros tres”.
Sobre la atracción del caso anunciada por la Fepade, Javier Corral subrayó que “no hay posibilidad alguna de que la Fepade atraiga la investigación de la Fiscalía del estado; se habla de una investigación en el ámbito de su competencia, pero no puede haber atracción porque el caso de Chihuahua está judicializado. Hemos pedido que la Fepade investigue el delito electoral, porque es su materia, y debería indagar en otras cuentas, porque es ingenuo pensar que lo que un operador del PRI realizó en un estado no se hizo en otros casos”.
Corral afirmó que no se negarán a entregar información a la Fepade, “cooperaremos en todo y compartiremos información”.
El gobernador señaló que “hasta ahora el único imputado es Alejandro Gutiérrez y no vamos a entrar en especulaciones; la Fiscalía está haciendo la investigación y no vamos a acusar a nadie si no podemos probarlo”.
Negó que el objetivo de sus señalamientos sea dar apoyo a la campaña de Ricardo Anaya, porque “nuestro movimiento no tiene fines electorales ni estará sujeto a una estrategia de campaña. Ahí es donde el presidente Enrique Peña Nieto y el propio candidato quisieron colocar las cosas, porque cuando un asunto entra a las campañas, entra a la guerra de lodo y se agota la calidad de las denuncias”.
En cuanto a las acusaciones de incremento de inseguridad en Chihuahua, el gobernador señaló que “el problema de violencia es general en todo el país”, aunque reconoció que la entidad “enfrenta un problema que se magnifica, pero no estamos como hace cinco a seis años”. Indicó que, si bien hubo avances “es un problema que no se había solucionado de fondo”.
De acuerdo con Corral Jurado, “nunca hemos dejado de reconocer nuestra corresponsabilidad, pero abatimos delitos de alto impacto, ahora estamos entre los últimos lugares en secuestro, extorsión y robo de auto con violencia. Los homicidios violentos, que son los que han repuntado, están relacionados con la delincuencia organizada”. Con esto, aclaró, “no quiero decir que sólo es responsabilidad del Gobierno federal; enfrentamos un problema que se ha diversificado en el país, no lo dejamos de reconocer ni necesitamos cortinas de humo”.
Sin embargo, aseveró, “hay una estrategia para colocar el tema en las noticias. Hay una embustera operación mediática. La semana pasada vimos un día soviético, una coincidencia de titulares en varios periódicos, cinco de ellos compartiendo cabeza, tema, enfoque, primer párrafo”. Señaló que no se refiere a un complot, sino “a control de medios; es una descripción del manejo de la información”.
Sin embargo, admitió, “hay una realidad de inseguridad que no desconocemos y damos resultados; me parece importante señalar que la operación contra la corrupción Justicia para Chihuahua empezó el primer día de gobierno, desde entonces se abrió proceso en contra de funcionarios corruptos; no lo hicimos antier, empezamos al inicio de gobierno en el combate la impunidad”.
Sobre las acusaciones en torno de que el panismo de Chihuahua podría estar implicado en el homicidio de la periodista Miroslava Breach, Javier Corral Jurado indicó que, “en primer lugar, es difícil decir que el panismo local puso a Miroslava; además, lo que se conoce de la investigación es por virtud del trabajo de la Fiscalía en un proceso local abierto; todo lo que se sabe, incluido la grabación, es decisión del Ministerio Público y serán los jueces y el Ministerio Público los que resuelvan este caso”.
Negó haber dicho que se trata de un caso cerrado y defendió que “en 40 años no se había resuelto un caso contra un periodista; nosotros, de entrada, tenemos al principal orquestador del homicidio; en dos meses hubo órdenes de aprehensión en contra de los responsables”.
Explicó que las grabaciones que se publicaron “aparecieron en una diligencia del Ministerio Público, diez u once meses antes del homicidio de Miroslava, y no sólo ellos dos, sino otras muchas personas tienen identidad protegida, eso no quiere decir que están exonerados, pueden estar imputados, pero se reservan sus identidades por protección de la investigación; esta tiene como 20 personas con identidad reservada”.
Insistió en que, en el caso de Miroslava Breach, “hemos desarrollado un proceso abierto y transparente, y serán los jueces quienes definan la sentencia”.
En lo que hace a los jueces estatales dijo que son los mismos que estaban cuando llegó, “no hemos podido cambiarlos, porque no tenemos participación, es determinación del Poder Judicial. El exgobernador dejó cerca de ochenta y tantos jueces provisionales y no queremos quitarlos, hemos llamado a una reforma del Poder Judicial. El Consejo de la Judicatura está por lanzar la convocatoria y hará un concurso para ratificar a los que tengan idoneidad o cambiar a los que sea necesario”.
Señaló que la llamada Caravana por la Dignidad llegará a la Ciudad de México el 4 de febrero e invitó “a los mexicanos a que se sumen a la jornada contra la impunidad”. (Con Información de Noticieros Televisa)
