México, 13 de febrero de 2018 (Notimex).- El ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, destacó la urgencia de mejorar los mecanismos de acceso a la justicia ante los muchos obstáculos que enfrentan las personas para exigir el cumplimiento o restitución de sus derechos vulnerados.
“Mientras la mayor parte de la población no pueda vivir dentro de la legalidad porque carece de la posibilidad real de ejercer y hacer valer sus derechos cuando son vulnerados, la idea del Estado democrático de derecho seguirá siendo una expresión retórica y abstracta”, aseveró.
Mediante un comunicado, puso en relieve la necesidad de que en el país impere la legalidad y de que todas las personas, sin excepción, puedan transitar con seguridad jurídica y, de ser necesario, defiendan y hagan valer sus derechos ante los órganos encargados de impartir justicia.
Durante la firma del convenio entre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que preside Álvaro Augusto Pérez Juárez, puntualizó que en la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobresale el acceso a la justicia como objetivo necesario para el desarrollo humano.
González Pérez opinó que no es suficiente tener un país próspero y con crecimiento económico si no se fortalece el Estado social de derecho que garantice la satisfacción de las necesidades básicas de la población.
Entre ellas, vivir en una sociedad democrática inclusiva, contar con las condiciones para gozar y ejercer plenamente los derechos humanos sin discriminación, en la que exista un sistema jurídico que evite que se violenten y, de no ser posible, los subsane.
En este marco, el presidente de la CNDH se pronunció por buscar que los grupos en condiciones de vulnerabilidad y excluidos de la sociedad cuenten con instrumentos efectivos para defender sus derechos frente a otros y frente a la autoridad.
Además, debe buscarse la igualdad de género, para eliminar todas las formas de discriminación que padecen niñas, adolescentes y mujeres, y garantizarles su acceso a oportunidades de desarrollo, decisión y participación, lo que es de la mayor importancia para el país.
Dijo que el convenio firmado este martes es muestra de colaboración y compatibilidad entre los sistemas jurisdiccional y no jurisdiccional de protección de los derechos humanos.
En este acto, realizado en el auditorio “Benito Juárez” del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, también se contó con la presencia del consejero de la Judicatura de la Ciudad de México, Miguel Arroyo Ramírez, y el primer visitador General de la CNDH.
También asistió Edmundo Felipe Takajashi Medina, director del Instituto de Ciencias Forenses, así como de personal de las instituciones firmantes.
