México, 5 de marzo de 2018.- Trabajadores domésticas y organizaciones de la sociedad civil, demandaron al presidente Enrique Peña Nieto ratificar el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para reconocer los derechos labores de 2.4 millones de trabajadores domésticos, en su mayoría mujeres.
Marcelina Bautista, secretaria general colegiada del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Hogar (SINACTRAHO), recordó que en este sexenio se han hecho más de 12 exhortos al Ejecutivo Federal para que envíe el convenio para que el Senado lo ratifique.
“Desde aquí exhortamos al Gobierno Federal para que envíe lo antes posible el Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo al Poder Legislativo para su ratificación. Todavía están a tiempo de cumplir con las promesas que hicieron hace 4 años de garantizar los derechos de las personas trabajadoras del hogar. (…) De que hay insuficiente voluntad política para comprometerse con las trabajadoras del hogar”.
La senadora del PRD y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Angélica de la Peña Gómez, advirtió del riesgo de que esta administración vuelva a ser omisa y no envíe el convenio para su ratificación.
“Resulta que si tenemos riesgos de que el presidente Peña simplemente haga caso omiso de este llamamiento que otra vez las organizaciones están haciendo el día de hoy y que ciertamente no lo mande en los próximos para que sea aprobado por el Senado de la República. (…) Entonces, ante la falta de voluntad política del presidente Peña Nieto, pues tendríamos que esperarnos a la voluntad política de quién vaya a presidir este país a partir de la elección del 1 de julio”.
El convenio busca que las trabajadoras del hogar tengan acceso a la seguridad social obligatoria y a prestaciones indispensables, como el acceso a guarderías, además de un salario digno, pues 70 por ciento de las empleadas gana menos de dos salarios mínimos. Este convenio fue aprobado por México el 16 de junio 2011 por lo que su ratificación y armonización legislativa es urgente, para dar cumplimiento a los derechos de 2.4 millones de personas. Un total de 14 países de Latinoamérica lo ratificaron ya.
