México, 15 de marzo de 2018.- Tras señalamientos de la ONU respecto a que 34 detenidos por el caso Iguala han sido torturados, la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró que esa práctica no ha sido acreditada con base a dictámenes del Protocolo de Estambul, «salvo en algunos casos excepcionales».
Hoy se dio a conocer un informe de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos (OACNUDH) en el que concluye que en 34 casos de personas procesadas por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa hay evidencia suficientemente sólida que revela tortura por parte de elementos de la PGR, la Policía Federal o la Marina.
«Como en su momento se hizo notar a la OACNUDH, su Informe omitió información relevante que consta en los expedientes, incluyendo pruebas periciales obtenidas con base en los más altos estándares internacionales existentes (Protocolo de Estambul). Las investigaciones en marcha y pruebas en dichos expedientes aportan indicios que no sustentan las conclusiones a las que arriba el Informe», respondió la PGR sobre las acusaciones.
«Al respecto, y como también se informó a la CIDH, de los casos analizados y sometidos a dictámenes bajo el Protocolo de Estambul, no se ha acreditado la comisión de tales actos, salvo en algunos casos excepcionales, de los que ya se ha informado públicamente. No obstante, se continúan realizando las diligencias correspondientes».
Ello, añadió, aunado al hecho de que existen otras pruebas en los expedientes, «más allá de las confesiones que los detenidos pudieran haber aportado, que fortalecen las respectivas causas penales».
La PGR mostró preocupación que el Informe de la OACNUDH arroje conclusiones sobre situaciones «que son actualmente objeto de investigación, o que se encuentran bajo análisis del Poder Judicial».
«Como lo reconoce la OACNUDH, este Informe se limita a abordar cuestiones que ya fueron resaltadas anteriormente por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), cuyas recomendaciones están siendo atendidas por las autoridades competentes. En este sentido, el Informe no aporta elementos nuevos que permitan avanzar en la investigación del caso», reiteró.
Indicó que en el caso Iguala es objeto de un trabajo intenso con el Mecanismo de Seguimiento de la CIDH, en cumplimiento de las medidas cautelares emitidas por dicha Comisión.
«Como se informó a la CIDH en su último período de sesiones, celebrado en Bogotá, Colombia, del 22 de febrero al 2 de marzo de 2018, la investigación de este caso constituye un esfuerzo sin precedentes del Estado mexicano, que ha registrado avances importantes recientes, que no se consideran en el informe de la OACNUDH», reprochó.
La Procuraduría recordó que en las últimas semanas se ha allegado información importante sobre la identificación de probables responsables y móviles, además de los esfuerzos de búsqueda y atención a víctimas.
Reveló demás que en diversas reuniones de alto nivel con el Representante en México de la OACNUDH, el Gobierno de México compartió consideraciones y puntualizaciones importantes sobre el contenido del Informe, en particular en relación con su metodología y los vacíos de información que contiene, «señalando que todas las presuntas violaciones e irregularidades que aborda están siendo debidamente investigadas, o están siendo consideradas por las autoridades judiciales competentes».
