México, 27 de marzo de 2018.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) envió al Senado un informe en el que expone que los contratos de la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), no pueden cancelarse pues implicaría que las empresas involucradas en el proyecto demanden al Gobierno de México y ganen los litigios.
En su informe, la SCT reitera que esta es una obra que resolverá las necesidades de transporte aéreo de la capital del país durante los próximos 100 años.
En el Informe sobre Acciones Relevantes de la SCT, la dependencia hace hincapié que la meta de la administración del presidente Enrique Peña Nieto es dejar prácticamente terminadas dos pistas, la estructura de los edificios de la terminal de pasajeros en sus 4 pisos y la torre de control, elementos indispensables para el funcionamiento del aeropuerto.
Además de sentar las bases operativas y financieras que permitan dar continuidad a las obras del nuevo aeropuerto para su conclusión en el año 2020.
Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, afirmó que la obra es totalmente abierta a la información pública y totalmente transparente.
Acotó que es inviable cancelar los contratos del NAICM, pues ello derivaría en un importante número de demandas de las empresas nacionales e internacionales involucradas en la obra, que indiscutiblemente ganarían.
“Si queremos respeto al Estado de derecho, lo primero que tenemos que respetar son los contratos que estamos firmando como gobierno. (…) En un momento cancelar esos contratos, implica primero que las empresas se defiendan legalmente y van a ganar, se amparen y van a ganar, nos demanden legalmente al gobierno. (…) Si queremos estar apegados al Estado de derecho, lo primero que tenemos que hacer es respetar el Estado de derecho”.
En el informe se aclara que la obra cuenta con un esquema autofinanciable con base en la Tarifa de Uso Aeroportuario (TUA) que pagan los usuarios y en el valor de los comercios y negocios que en futuro ofrecerá.
Además, cuenta con el financiamiento de bonos a 10 y 30 años, por un total de 6 mil millones de dólares, sumado al crédito revolvente por 3 mil millones de dólares de diversas instituciones financieras y crediticias internacionales.
