México, 28 de marzo del 2018.- Luego de la queja que recibió la Profeco por parte de los reclusos de los penales del Altiplano, de Puente Grande y del Cefereso de Michoacán por el incremento en el precio de las papas y otras frituras; el procurador Rogelio Cerda Pérez, sostuvo reuniones con representantes de la empresa Klasnic, proveedora de los productos que se comercializan dentro de las cárceles de alta seguridad y con Cuauhtémoc Villarreal, representante del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad, a fin de conocer la problemática.
La Profeco reiteró que todos los consumidores, independientemente de su condición y de las circunstancias en las que participan, incluidos, los centros penitenciarios, cuentan con el manto protector de la Ley Federal de Protección al Consumidor, por ser un derecho constitucional.
Por consiguiente, la institución estará atenta a las quejas y denuncias de estas personas sin que sea óbice el hecho de que estén privadas de su libertad.
Por ahora emitió un oficio que contiene un requerimiento de información dirigido a la empresa Klasnic la cual ha manifestado que en los próximos días rendirá un amplio informe pormenorizado de los hechos que rodean a esta denuncia.
La Profeco explicó que se busca que la empresa señalada proporcione la información y documentación que acredite que los artículos o productos que se venden a las personas privadas de su libertad en los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos) sean vendidos al mismo precio que se pague por ellos en el mercado regular.
La Procuraduría adelantó que en los próximos días emitirá una resolución en unión con el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, donde se tomarán acciones y medidas para solucionar esta problemática de consumo.
