México, 19 de abril de 2018.- La falta de acuerdos atoró en el Senado la aprobación en comisiones de la Ley General de Comunicación Social que pretende regular la propaganda gubernamental.
Después de dos rondas de votaciones en las comisiones unidas de Gobernación; Radio Televisión y Cinematografía y Estudios Legislativos, Primera que terminaron en empate de 7 votos a favor y 7 en contra en las dos primeras y de 3-2 en contra del proyecto en la última, el presidente de la Comisión de Gobernación, el priísta Raúl Pozos Lanz convocó para las próximas horas a una nueva reunión de estas comisiones para desatorar la votación.
“Convocar una reunión extraordinaria de comisiones unidas, nuevamente si me lo permiten podría ser incluso hoy mismo, si me lo permiten podría ser hoy mismo (…) el reglamento establece que las reuniones extraordinarias son previo acuerdo de la Mesa Directiva que está integrada por los tres presidentes y puede ser citada en cualquier momento”.
Previo a esta votación, senadores de la coalición “Por México al Frente” a los que se sumaron legisladores del Partido del Trabajo-Morena se enfrascaron en un polémico debate con sus contrapartes del PRI y Partido Verde por el contenido de la minuta.
La minuta de la ley establece que la Secretaría de Gobernación administrará el uso de los Tiempos de Estado y de los Tiempos Fiscales.
Los entes públicos federales podrán destinar recursos presupuestarios para Tiempos Comerciales a través de los medios de comunicación, siempre y cuando privilegien y hayan solicitado en primera instancia los tiempos de Estado y éstos no estuvieran disponibles en los espacios y tiempos solicitados.
Los medios de comunicación que pretendan participar en la contratación de Comunicación Social deberán estar inscritos previamente en el Padrón Nacional de Medios de Comunicación a cargo de la Secretaría de Gobernación. La información de este padrón será pública y accesible a distancia.
El gasto en Comunicación Social se regirá por 10 principios rectores, entre ellos la eficacia, la eficiencia, la economía presupuestaria, la transparencia y máxima publicidad, la honradez, entre otros.
La Auditoria Superior de la Federación se encargará de la revisión y fiscalización de los recursos públicos en materia de Comunicación Social.
Los partidos fijaron postura. El PRI en voz del presidente de la Comisión de Gobernación, Raúl Pozos Lanz defendió la minuta.
“Debemos destacar que la ley que se pretende expedir cuenta con los elementos suficientes para regular la difusión de propaganda gubernamental bajo cualquier modalidad de Comunicación Social, con lo que se procura cubrir las exigencias de la ciudadanía sobre un acceso a la información completo. (…) Y por supuesto que prevé el manejo transparente de los recursos públicos destinados a esta responsabilidad esencial del Estado mexicano”.
Senadores de “Por México al Frente” manifestaron su descontento por esta ley, como lo expresó la perredista Angélica de la Peña.
“Que nos no parece que estemos nosotros el día de hoy atendiendo una minuta que viene de la Cámara de Diputados, que a todas luces no corresponde a lo que ha establecido la Corte y ha mandatado la Corte al Congreso de la Unión”.
Los entes públicos podrán a disposición del público y lo mantendrán actualizado un informe semestral sobre el gasto en campañas de Comunicación Social en su portal de transparencia, que por lo menos contenga:
– Presupuesto asignado a publicidad
– Proveedores
– Contratación concertada hasta el momento y,
– Pago realizado a los medios de comunicación
La distribución de los Tiempos Fiscales se realizará en la proporción siguiente: 40 por ciento al Poder Federal; 30 por ciento al Poder Legislativo Federal; 10 por ciento al Poder Judicial y 20 por ciento a los entes autónomos constitucionales.
La ley entrará en vigor el 1 de enero de 2019 y la Secretaría de Gobernación deberá crear el Padrón Nacional de Medios de Comunicación y emitir los lineamientos una vez autorizado el presupuesto de egresos respectivo.
