Santiago de Chile, 13 de junio de 2018 (AP).— La fiscalía y la policía militar allanaron el miércoles la sede del Tribunal Eclesiástico en Santiago de Chile y la diócesis de la zona de Rancagua –unos 80 kilómetros al sur de la capital– en busca de documentos vinculados con presuntos abusos sexuales sufridos por menores de edad de manos de integrantes de la iglesia católica local.
El procedimiento en Santiago fue liderado por el fiscal Emiliano Arias, quien investiga a un grupo de 14 sacerdotes de la diócesis de O’Higgins que habrían mantenido relaciones sexuales con menores a cambio de beneficios económicos para ellos y sus familias.
Sergio Pérez fue el fiscal a cargo en Rancagua.
“En Chile todos estamos sometidos a la justicia ordinaria”, dijo Arias a periodistas tras el allanamiento del Tribunal ubicado en la sede del Arzobispado de la capital chilena.
El arzobispo de Santiago, cardenal Ricardo Ezzati, afirmó que “el Arzobispado de Santiago entregó al señor fiscal toda la documentación solicitada” y reiteró la “disponibilidad de colaborar con la justicia civil en todo lo que sea requerido”.
El allanamiento se produjo en momentos en que el sacerdote español Jordi Bertomeu, funcionario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y monseñor Charles Scicluna, considerado el mejor investigador de abusos sexuales del Vaticano, se encuentran en el país indagando abusos sexuales de menores cometidos por clérigos o religiosos.
Scicluna y Bertomeu se reunieron en la tarde con cuatro fiscales chilenos, entre ellos Arias, el Fiscal Nacional, Jorge Abbott, el representante de la Fiscalía Sur, Raúl Guzmán, y de la región del Maule, Mauricio Richard, para fomentar la colaboración entre Iglesia y Ministerio Público.
“Vinimos fundamentalmente en busca de colaboración para las investigaciones que nosotros estamos llevando adelante que tienen relación con abusos que han sufrido fundamentalmente menores (por parte de personas vinculadas a la Iglesia)”, aseguró Abbott.
También señaló que los allanamientos realizados en la mañana fueron procedimientos judiciales normales realizados con autorizaciones judiciales y que hubo colaboración en el caso de Santiago y una cierta resistencia en Rancagua. Los fiscales a cargo de los allanamientos se mostraron satisfechos por la información incautada en ambas instancias.
El fiscal nacional señaló que se investigan hechos distintos vinculados con diferentes instituciones relacionadas con la Iglesia Católica en distintos lugares y que serán investigados de manera separada por los diversos fiscales y no bajo una orden única.
Además confirmó que en los próximos días se solicitará al Vaticano información que puede ser relevante para estas investigaciones.
Una situación similar a la vivida este miércoles se registró en Chile en abril de 2011, cuando la jueza Jessica González, acompañada por un grupo de policías, allanó las oficinas de un abogado asesor de Fernando Karadima, el mayor sacerdote pedófilo de la historia chilena, condenado tras un juicio canónico a una vida de penitencia y oración. Aquella jueza se hizo de documentos de la sanción canónica al cura, lo que fue criticado por la jerarquía Eclesiástica.
En aquel entonces el obispo Juan Ignacio González afirmó que la acción “pasó a llevar el secreto pontificio”, palabras compartidas por el cardenal Ezzati. La jueza finalmente devolvió una parte de los documentos incautados.
Un año antes, en Bélgica, la policía allanó la sede de la jerarquía eclesiástica de la iglesia católica y se hizo de cientos de archivos y computadores en medio de las quejas de abogados que señalaron que se había traicionado la confianza de unas 500 víctimas. El papa Benedicto calificó la situación de “deplorable”.
En cuanto a la reunión con Scicluna, el fiscal afirmó que se compartió con él “la necesidad absoluta de la cooperación entre la Iglesia y el Estado de Chile” para hacer avanzar las investigaciones y “poder establecer quienes son los responsables e instar por el castigo de los mismos.
“El compromiso es de una mayor colaboración entre ambas instituciones”, y particularmente de aquellas víctimas que llegan a hacer denuncias a una oficina que va a abrir la Iglesia a estos efectos e incentivar que las personas puedan ir a denunciar al Ministerio Público.
“Vamos a establecer un sistema de relacionamiento”, señaló Abbott para dar a las víctimas “la protección necesaria que requieran para que los efectos que puedan hacer libremente las denuncias que correspondan” con el fin de identificar a los responsables y establecer la verdad en estos casos.
Scicluna y Bertomeu son responsables de un informe de 2.300 páginas que elaboraron tras recoger 64 testimonios de agresiones sexuales en febrero, lo que llevó al papa Francisco a afirmar a fines de mayo que en la iglesia chilena hay “una cultura del abuso y del encubrimiento”.
La visita de Scicluna y Bertomeu ha sido interpretada como un gesto de Francisco hacia un laicado que sufrió por el polémico nombramiento del obispo Juan Barros en la localidad de Osorno, 950 kilómetros al sur de la capital chilena. Francisco nombró obispo en enero de 2015 a Barros a pesar de que víctimas de abusos sexuales lo habían denunciado por encubrir a Francisco Karadima, el mayor sacerdote pedófilo de la historia chilena, según una carta firmada por el mismo pontífice y que fue revelada en enero por The Associated Press.
El lunes el papa removió a Barros y a los prelados de Puerto Montt y Valparaíso que cumplieron la edad para jubilarse.
Los 31 obispos activos chilenos renunciaron en mayo en el Vaticano, adonde fueron llamados de urgencia por el papa, quien les dijo que durante las últimas décadas se alejaron de los laicos, escucharon a medias o no escucharon a las víctimas, no investigaron o lo hicieron someramente y destruyeron material comprometedor, entre muchas otras críticas, según un documento de trabajo divulgado por la prensa.
