Acapulco, 21 de junio de 2018.- Los procuradores y fiscales de todo el país se pronunciaron en contra de la resolución del Tribunal Colegiado que ordenó la creación de la Comisión de la Verdad por el caso Iguala, e indicaron que dicho órgano se excedió en sus atribuciones.
Durante la 39 Asamblea plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, los encargados de la procuración de justicia en todas las entidades mencionaron que el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito con sede en Tamaulipas, no tiene esas facultades.
Al dar el posicionamiento, Víctor Antonio Carranca, fiscal general del estado de Puebla y vocero de la conferencia nacional de procuración de justicia, el tribunal vulneró el principio de supremacía Constitucional, el principio de reserva de ley, el principio de separación de poderes, y desborda los efectos que corresponden al juicio de amparo trastocando la esencia del ministerio público.
En conferencia de prensa, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, fiscal general del Estado de México, mencionó que “hubo un exceso del Tribunal Colegiado en la resolución que toma, no tiene facultades constitucionales para ordenar la creación de una comisión de justicia y la verdad”, y será la Procuraduría General de la República la que determine si existe o no todavía un recurso.
Reiteró que un Tribunal Colegiado no es la autoridad facultada para determinar y coordinar una comisión de la verdad, ni tampoco puede, eventualmente, dar atribuciones de investigación a esa comisión.
“Como ha quedado señalado en el pronunciamiento, hay una afectación a todo el orden constitucional, el planteamiento que se está haciendo es que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, quien otorga facultades al ministerio público de manera exclusiva para la investigación y persecución de delitos”, agregó.
El 31 de mayo, el Tribunal Colegiado resolvió que la PGR no fue “pronta, efectiva, independiente ni imparcial” en la investigación por la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, el 26 de septiembre de 2014.
Al resolver los amparos en revisión 203/2017 al 206/2017, el órgano del Poder Judicial de Federación determinó que hay indicios suficientes para presumir que las confesiones e imputaciones en contra de coinculpados, fueron obtenidas mediante tortura, por lo que concedió la protección de la justicia federal a los quejosos y pidió reponer el procedimiento.
Además, los magistrados puntualizaron que como no se cuenta con una fiscalía independiente, se determinó la creación de una Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia. (Con Información de La Jornada)
