México, 22 de junio de 2018.- La bancada del PRI en el Senado demandó a la Procuraduría General de la República que investigue al ex titular de la Fepade, Santiago Nieto Castillo, por su probable responsabilidad en el delito de abuso de confianza e inicie una causa penal por mal uso de información reservada (del caso Odebrecht) que no debe estar en su poder.
Los senadores priístas fundamentaron su petición al recordar que el 13 de junio pasado, luego de que el candidato José Antonio Meade Kuribreña refirió que el empresario Javier Jiménez Espriú tenía vínculos con el caso de corrupción de la empresa Odebrecht, porque su esposa como su familia política son socias de la empresa Idesa, el ex fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales publicó en su cuenta de Twitter un mensaje en el que negó los vínculos del empresario con este asunto.
Nieto Castillo escribió el siguiente tuit:
“Revisé mis documentos del caso #Odebrecht. No aparece Jiménez Espriú. Aparecen transferencias al menos por 16 millones de dólares a cuentas en Antigua, Mónaco, Suiza para empresas como Zecapan S.A., Latín American Asia Capital Holding, Innovation R. E. Atrás de todo: Emilio Lozoya”.
Los priístas dijeron que se observa que Santiago Nieto utilizó información a la que tuvo acceso como ex fiscal especializado y emitió una declaración como si todavía ocupara el cargo.
Recordaron que Nieto Castillo tuvo conocimiento del caso Odebrecht con motivo de su cargo como fiscal especializado y por tanto tenía la obligación de conducir una investigación eficaz, transparente y diligente.
A la par que también, señalaron, tenía la obligación de cuidar aquellos datos sensibles que pudieran poner en riesgo la investigación o violentar los derechos humanos de cualquiera de las partes en el proceso.
Expusieron que el ex fiscal presumió de la culpabilidad de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, violentando el principio de presunción de inocencia.
Hecho, que en un primer momento le valió la destitución como fiscal especializado.
A su vez, Nieto Castillo reveló información sobre montos, cuentas bancarias y empresas relacionadas con el caso para nuevamente buscar el perjuicio de Lozoya Austin.
Insistieron que ante estas evidencias se presume que el ex fiscal incurrió en los siguientes delitos federales:
Revelación de secretos, previsto en el artículo 210; ejercicio ilícito de la función pública, previsto en el artículo 214, concretamente en la fracción II que alude a que se continúen ejerciendo funciones públicas cuando ha sido destituido del cargo; artículo 250, referente a usurpación de funciones públicas y abuso de confianza en los términos del artículo 385, todos del Código Penal Federal.
