México, 18 de julio de 2018.- El presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso una iniciativa de reformas en materia de personas con discapacidad, en la que se obliga a las dependencias de los tres órdenes de gobierno a destinar una proporción no inferior al 3 por ciento de la totalidad de su personal a contrataciones de este grupo de población.
Los patrones que contraten personas con discapacidad y adultos mayores, “podrán deducir de sus ingresos el 100 por ciento del Impuesto sobre la Renta de estos trabajadores”.
El proyecto comprende reformas, adiciones y también deroga artículos de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, Ley General de Población, Ley General de Protección Civil, Ley de Asistencia Social, Ley del Impuesto sobre la Renta, Código Penal Federal, Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley del Servicio Profesional de Carrera de la Administración Pública Federal.
En los cambios al Código Penal Federal, el Ejecutivo propone sanciones de 1 a 3 años de cárcel o de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad y hasta 200 días multa, a quien atente contra la dignidad o anule o menoscabe los derechos y libertades de las personas con discapacidad.
“A quien abandone a una niña o niño, persona enferma o persona con discapacidad, incapaces de cuidarse por sí mismos, se le aplicarán de un mes a 4 años de prisión, sino resultare daño alguno, privándolo además de la patria potestad o de la tutela, si el delincuente fuese ascendiente o tutor del ofendido”.
Habría sanción de 10 a 60 jornadas de trabajo en favor de la comunidad, como sanción a quien no avise de inmediato a la autoridad u omitiera prestar auxilio a una niña o niño abandonados, a persona herida o persona con discapacidad, incapaces de cuidarse a sí mismos o amenazadas de algún peligro.
Respecto de las contrataciones de personas con discapacidad obligatorias, por parte de las dependencias públicas, la iniciativa de Peña Nieto expone:
“Las dependencias y entidades de la administración pública de los tres órdenes de gobierno y de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas competencias, están obligadas a contratar personas con discapacidad permanente que reúnan condiciones de idoneidad para la ocupación de las plazas vacantes, en una proporción no inferior a 3 por ciento de la totalidad de su personal.
Dispone que las dependencias deberán realizar estudios de compatibilidad de sus puestos de trabajo y plazas, incluyendo los niveles de dirección y de confianza, con las diversas discapacidades y determinar si el puesto o plaza es susceptible de ser ocupada por una persona con discapacidad.
Estas disposiciones, delimita la iniciativa, no serán aplicables en las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina.
