Chihuahua, 1 de septiembre de 2018.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua rechazó ser la culpable de la cancelación del proceso contra el ex secretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez, como lo señaló la Procuraduría General de la República (PGR).
«Es totalmente falso. Tenían todo a su disposición. Quieren disfrazar ahora de legalidad su arbitrariedad», afirmó a REFORMA el Fiscal General César Augusto Peniche.
Este sábado, la PGR culpó a la dependencia estatal de la suspensión de la causa penal contra Gutiérrez, acusado del desvío de 250 millones de pesos del erario estatal, a través de una triangulación desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hacia la Administración del ex Gobernador César Duarte y posteriormente hacia las campañas del PRI en 2016.
La PGR acusó a la FGE de no haberle dado acceso a las declaraciones de los testigos para inculpar a Gutiérrez y, al mismo tiempo, éstos no fueron corroborados con otros datos de prueba.
«Se ordenó que las constancias de la carpeta de investigación 19-2017-2079 de la Fiscalía del Estado de Chihuahua fueran entregadas a la Fiscalía federal, lo cual ocurrió, aunque de forma parcial, por lo que el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Ciudad de México recibió sólo una parte de las constancias y registros de dicha investigación para continuar con las actuaciones», señaló la PGR.
«Una vez fueron analizados los datos de prueba remitidos por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, así como los recabados por la autoridad federal dentro de la prórroga otorgada por el juez de la causa para la investigación complementaria, el agente del Ministerio Público de la Federación concluyó, de conformidad con el artículo 327 fracción V del Código Nacional de Procedimientos Penales, que no contaba con los elementos probatorios -idóneos, pertinentes y suficientes- con los cuales pudiera tener por acreditada la intervención del agente en los hechos investigados y, por tanto, para formular acusación».
La Fiscalía indicó que PGR llegó a esa conclusión, en particular, porque la imputación originalmente realizada por la Fiscalía General del Estado de Chihuahua se sostenía principalmente en declaraciones de testigos -a los que no tuvo acceso la Fiscalía federal- y que no fueron corroboradas con otros datos de prueba.
«Por esa razón, después de escuchar el informe presentado por el agente del Ministerio Público de la Federación, el Juez de Distrito especializado del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte resolvió decretar el sobreseimiento de la causa penal, dejando a salvo, por supuesto, el derecho de la parte ofendida para recurrir su determinación en el plazo de ley», mencionó.
Al respecto, el Fiscal General de Chihuahua recordó que el pasado 29 de agosto, la Ministra en retiro Olga Sánchez Cordero hizo un señalamiento crítico, duro, respecto de la Procuración de Justicia en el País.»Habló de las entrañas de las Procuradurías corrompidas por la corrupción. Dos días después la PGR se desiste de un caso donde estaba acreditado un desvío de recursos de 250 millones de pesos», expuso Peniche.
«Un asunto donde había prueba suficiente documental, pericial y testimonios directos. Todo lo tenía en su poder. Un expediente donde incluso ya había sentencias condenatorias dictadas y que había superado apelaciones y amparos contra la vinculación».
Consideró que la actuación de la PGR, en este caso, sistemáticamente estuvo encaminado a pelear una competencia en coordinación con Jueces que fueron tal vez presionados pero complacientes con la defensa y los intereses atrás de Alejandro Gutiérrez.
«Un asunto que se debió tramitar en el Estado de Chihuahua y fue llevado a la Ciudad de México ante un juez a modo. Los lazos de la corrupción son conocidos por todos los mexicanos. Hoy, la PGR se atreve a afirmar que no tenía prueba suficiente, cuando todos los datos de prueba los tuvo en el expediente. Los mismos datos de prueba que sirvieron a jueces para dictar órdenes de aprehensión y confirmar vinculaciones a proceso y resolver amparos», anotó el Fiscal de Chihuahua.
«La corrupción cegó su juicio. Esas pruebas debieron ser debatidas ante un juez en audiencia oral para el escrutinio y claridad de toda la sociedad. Resolvieron en lo oculto de una forma burda y sin sustento jurídico, a escondidas de la sociedad y de la víctima», consideró.
«Debieron llevar a juicio oral al imputado y que con transparencia se debatiera respecto de las pruebas recabadas.
Peniche puntualizó que retomarán el asunto con la ley en la mano y llevarán el caso a instancias internacionales.
«Hay acciones legales que se tienen al alcance, responsabilidades individuales de quienes actuaron y permitieron esta atrocidad legal. Se burlaron de la sociedad y eso no puede prevalecer en un sistema que se jacta de vivir en la legalidad», recalcó.
«Sólo quedó, con esto, demostrada la debilidad de nuestras instituciones, tal y como lo sostuvo la Ministra en retiro hace unos días».
El Gobierno de Chihuahua señaló que para realizar el desvío de los 250 millones de pesos fueron simuladas contrataciones públicas y que Gutiérrez utilizó empresas fantasmas y de su propiedad como Jet Combustibles.
Entre las pruebas con las que cuenta la autoridad estatal, son documentos bancarios en los que presuntamente recibió el recurso desviado en sus cuentas. (Con Información de Reforma)
