México, 14 noviembre de 2018 (Notimex).- El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) pidió al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) una versión pública sobre el caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte.
En la sesión ordinaria del pleno del Inai, la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena presentó un proyecto que propone modificar la respuesta del Consejo e instruirle que entregue al recurrente información relacionada con el proceso que se le sigue al exmandatario estatal, por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Ello, respecto de indagatorias concluidas mediante sentencia absolutoria o solución alterna, y las relativas a exservidores públicos y al exgobernador en cita que cuenten con sentencia condenatoria irrevocable.
De esa manera, dijo, sólo procederá clasificar como confidencial los datos personales de quienes no se hayan desempeñado como servidores públicos y como reservadas las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos investigados que continúen en sustanciación.
Destacó que a Duarte de Ochoa le fueron imputadas conductas ilícitas cometidas durante su desempeño como gobernador, por lo que resulta de interés general que se conozcan las investigaciones de la autoridad ministerial y las resoluciones emitidas por los órganos impartidores de justicia.
En el planteamiento de este caso, una persona solicitó al CJF la versión pública de los registros de audio y video relativos a la audiencia inicial de la causa penal 97/2016 radicada en el Centro de Justicia Penal Federal con sede en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México.
El sujeto obligado manifestó que la información se encontraba relacionada con una carpeta de investigaciones en trámite, por lo que su difusión obstaculizaría su conducción y afectaría el procedimiento en su etapa inicial.
De ahí que lo haya clasificado como información reservada, lo que fue recurrido por el peticionario, pues se relaciona con conductas irregulares cometidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, las cuales tuvieron un impacto negativo en el uso de los recursos públicos.
Ibarra Cadena indicó que para resolver este asunto llevó a cabo una diligencia de acceso a la información en cuya audiencia estuvo presente el titular del juzgado y su secretaria de Acuerdos, con el fin de que con las reservas del caso se pudiera analizar in situ la audiencia de Javier Duarte de Ochoa.
En ese sentido, «tuvimos a la vista la grabación de la audiencia inicial de la causa penal 97/2016, durante poco más de seis horas», detalló la comisionada.
En ellas, se advirtió la existencia de contenidos que pueden ser clasificados como información reservada, pero no es procedente restringir el acceso a la totalidad de la videograbación.
Dijo que la ponencia a su cargo localizó información pública emitida por la Procuraduría General de la República (PGR), de la cual se desprende que la causa penal 97/2016 fue iniciada contra diversos exservidores públicos, entre los cuales figura el exgobernador veracruzano.
Dado ello, la difusión del audio y video de la audiencia requerida es del mayor interés público, ya que somete al escrutinio social la legalidad de las conductas de un exgobernador y las diligencias llevadas a cabo por las autoridades procuradoras e impartidoras de justicia, a fin de conocer la verdad de los hechos y que sean sancionados los responsables de su comisión.
