La ONU pidió al Senado eliminar las figuras del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa de la Constitución, por conculcar la libertad personal y violentar derechos humanos.
Alan García Campos, coordinador de la Unidad Legal de Análisis de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, se reunió con la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado para exponerle a sus integrantes los inconvenientes de mantener estas medidas en la Carta Magna.
Sobre el arraigo sostuvo que es una figura abiertamente violatoria de los derechos humanos. Aseveró que vulnera el derecho a la libertad personal y trastoca las reglas del debido proceso, particularmente en la presunción de inocencia.
Además de que afecta otros derechos, como el de la integridad personal al colocar a la persona en una posición de vulnerabilidad frente a órganos de seguridad y procuración de justicia.
Sobre la prisión preventiva oficiosa, opinó que quebranta el derecho a la libertad personal, vinculado al principio de presunción de inocencia, que es la columna vertebral del debido proceso, resulta ser una medida cautelar de las más restrictivas que existen y de aplicación automática.
“Como oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, alentamos al Congreso de la Unión a que elimine la prisión preventiva oficiosa y que bajo ninguna circunstancia extienda los delitos que hoy ya erróneamente y de forma incompatible con las obligaciones internacionales se contemplan en la Constitución. (…) Se tiene que purificar el texto constitucional de estos lunares, propios de un sistema inquisitivo. (…) Para nosotros ambas figuras tienen que ser extirpadas del régimen jurídico mexicano”.
El representante de la ONU en México recordó que hay más de 20 recomendaciones internacionales relativas a la eliminación del arraigo y de la prisión preventiva oficiosa hechas por aproximadamente 13 organismos internacionales, especializados en la defensa y promoción de los derechos humanos.
