Nueva York, 4 diciembre de 2018 (Notimex).- El narcotraficante colombiano Juan Carlos Ramírez, alias “Chupeta”, reveló hoy aquí en el marco del juicio contra Joaquín «El Chapo» Guzmán que tejió una red de corrupción que se extendió desde 1990 hasta su arresto en 2007 e incluía a políticos de alto nivel en su país y agentes de la DEA.
En su tercer día de testimonios en el juicio, Ramírez aceptó en el interrogatorio realizado por el abogado defensor William Purpura que entregó 500 mil dólares al entonces candidato presidencial Ernesto Samper a fin de garantizar un trato favorable si ganaba las elecciones.
Samper, quien fue presidente de 1994 a 1998, ya fue sometido a juicio en Colombia por recibir aparentemente fondos del Cártel de Cali, una organización a partir de la cual fue creada el Cártel del Norte del Valle.
En su testimonio, Ramírez también indicó que “por lo menos” entregó 10 millones de dólares al Congreso de Colombia a fin de descarrilar la discusión sobre la reinstitución de la extradición de criminales de ese país hacia los Estados Unidos.
Además, dio que pagó entre 25 y 50 mil dólares para tener informantes dentro del Congreso de Colombia para que lo mantuvieran al tanto de iniciativas legales que pudiera afectar su negocio criminal.
El testigo, que se declaró culpable en Estados Unidos tras su extradición en 2007, indicó que mediante policías colombianos de élite logró corromper de manera indirecta a agentes de la DEA adscritos a la embajada estadunidense en Bogotá.
Según la versión del narcotraficante colombiano, entre esos sobornos entregados de manera indirecta a agentes de la DEA destacaban prostitutas, departamentos y regalos.
Esa capacidad de corrupción fue posible por la fortuna millonaria que Ramírez logró amasar como líder del Cártel del Norte del Valle, que aparentemente fue el mayor proveedor de cocaína para el Cártel de Sinaloa en México.
Ramírez poseía una colección de arte con al menos dos cuadros del pintor colombiano Fernando Botero, así como varias mansiones, al menos un yate y una colección de relojes. En la casa donde fue arrestado se decomisaron 120 millones de dólares en oro y efectivo.
Además de su capacidad para corromper, Ramírez también hizo alusión a su capacidad asesina. En ese sentido, aceptó haber ordenado la ejecución de 150 personas en Colombia y fuera de ese país, como en Estados Unidos.
El abogado Purpura recordó a Ramírez capítulos especialmente despiadados de su historial criminal, y que el narcotraficante había ya reconocido en sesiones ante fiscales.
Sobresalió la celada a Luis Ocampo Fómeque, “Tocayo”, quien fue engañado para asistir a una reunión, a la que acudió acompañado de una docena de sicarios, todos los cuales fueron masacrados por 40 pistoleros del Cártel del Norte del Valle.
Tras la matanza, los miembros del Cártel del Norte del Valle fueron a ejecutar a otro grupo de acompañantes de Ocampo Fómeque que lo aguardaba en una estación de gasolina.
Ramírez ordenó además asesinatos a personas que le robaban, que podían denunciarlo o que lo investigaban, de acuerdo con sus propias declaraciones.
“Es imposible ser un jefe sin violencia en Colombia. Van de la mano”, explicó Ramírez. Apuntó que si alguien te roba o secuestra a tus familiares en el negocio del narcotráfico la violencia es la única respuesta.
Extraditado de Brasil, Ramírez puede recibir debido a convenios de este país sudamericano con Estados Unidos una pena máxima de 30 años en prisión. No obstante, su calidad de testigo que colabora con la fiscalía puede reducir esa pena a un mínimo de 25 años.
Al respecto, el abogado defensor Purpura trató de subrayar ante el jurado que por cada uno de sus asesinatos declarados, que suman 150 víctimas, Ramírez recibiría solo 60 días de cárcel.
