México, 14 de diciembre de 2018.- Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, secretaria de la Función Pública, denunció que 42.9 por ciento de las investigaciones que abrió esta dependencia por actos de corrupción en el sexenio pasado se sobreseyó, es decir, se suspendió por falta de pruebas.
Acusó que en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, la Secretaría de la Función Pública actuó con simulación en el combate a la corrupción, con reformas incompletas que excluyeron a la sociedad de los procesos de transparencia, fiscalización y rendición de cuentas.
Afirmó que la corrupción no solamente es una “mordida”, un pago aislado o una violación menor a la norma, sino un problema estructural, que requiere de soluciones estructurales.
Dijo que la visión del gobierno pasado fue corta, fallida e incompleta, porque la faltó a la Función Pública fortalecer los procesos de prevención y erradicación de prácticas de corrupción.
Por ello, anunció un relanzamiento de la institución sustentado en 5 ejes:
1. Ciudadanización del combate a la corrupción y de la impunidad
2. Democratizar las tecnologías
3. Protección a los alertadores internos
4. Servicio Profesional de Carrera y,
5. Austeridad republicana, fiscalización y evaluación constante de la gestión pública
Comentó que el presidente Andrés Manuel López Obrador le encomendó una misión en particular:
“Nuestra visión es castigar la corrupción, eliminar la ineficacia, ciudadanizar el combate a la malversación de fondos, proteger la denuncia ciudadana, garantizar la transparencia, generar ahorros que se traduzcan en bienestar de la población y todo ello para lograr el restablecimiento de la confianza ciudadana en este gobierno que se debe a ellos”.
Detalló que en 2018 la Función Pública conoció de 11 mil 864 expedientes en materia de responsabilidades, que involucran a 13 mil servidores públicos.
De éstos, 5 mil 597 fueron resueltos. Pero, 4 mil 696 expedientes se archivaron sin sanción.
“Lo que quiero señalar es que es de estos 5 mil 597 expedientes que se resolvieron formalmente, se determinó imponer una sanción ya sea pecuniaria, administrativa o de forma directa solamente en 900 casos, de los miles de casos que estamos refiriendo y 4 mil 696 expedientes se cerraron, se archivaron y se determinaron sin sanción. Y hay un alto grado de sobreseimiento en la instancia de la Secretaría de la Función Pública, lo cual representa el 42.9 por ciento de las investigaciones, de los expedientes, son consideradas en el sobresello”.
La funcionaria compareció ante las comisiones unidas de Gobernación y Anticorrupción del Senado, para exponer su plan de trabajo.
