Buenos Aires, 18 febrero de 2019 (Notimex).- El juicio oral y público contra la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner?, programado para el próximo 26 de febrero, fue postergado hasta el 21 de mayo de este año debido a un problema de salud de uno de los tres jueces involucrados en el caso, informaron medios de prensa locales.
El Tribunal Oral Federal 2 postergó el comienzo de las audiencias por el estado de salud de uno de sus integrantes, Jorge Tassara, quien será intervenido quirúrgicamente en los próximos días, detalló el diario El Clarín.
El órgano judicial estima que para mayo el juez Tassara estará reintegrado, y que un reemplazo «entre recusaciones y excusaciones y compromisos de agendas llevaría el mismo tiempo o más», indicaron fuentes judiciales. Por ello se decidió la postergación, señaló el diario.
El juicio por la obra pública juzgará los delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta agravada a partir de la presunta entrega irregular de 52 contratos del Ministerio de Planificación Federal por al menos 46 mil millones de pesos (unos mil 500 millones de dólares) que el empresario detenido Lázaro Báez recibió durante 2003 y 2015.
Además de Fernández de Kirchner, en la causa están procesados el dueño de Austral Construcciones y varios exfuncionarios kirchneristas, entre ellos el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido,José López, Abel Fatala y Néstor Periotti.
La expresidenta y actual senadora deberá presentar su testimonio lo mismo que el exministro de Planificación, De Vido; quien fuera su subsecretario, Roberto Baratta; y el exsecretario de Obras Públicas, José López, entre otros antiguos funcionarios.
Así como importantes empresarios como Carlos Wagner y Juan Chediack (ambos extitulares de la Cámara Argentina de la Construcción), Benito Roggio y Ángelo Calcaterra, este último primo hermano del presidente Mauricio Macri.
Las nuevas indagatorias se relacionan con un tramo de la causa que investiga la adjudicación de contratos de obra pública para más de 70 empresas.
La causa comenzó a principios de 2018, cuando el periodista de La Nación, Diego Cabot, recibió una caja con ocho cuadernos escritos por Óscar Centeno, quien fuera chofer de Roberto Baratta.
En esas páginas, el chofer registró por años a dónde, cuándo y con quiénes llevaba a Baratta, quien presuntamente habría recabado unos 200 millones de dólares que entregaban empresarios a cambio de contratos de obras públicas y que, según Centeno, habrían terminado en manos de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández.
