Caracas, 2 de abril de 2019 (AP).— La oficialista Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela retiró la noche del martes la inmunidad parlamentaria al líder opositor y jefe del Congreso, Juan Guaidó, lo que le abre el camino a las autoridades para enjuiciarlo y detenerlo.
Al grito de “¡eso es justicia, justicia popular!” los constituyentes aprobaron el retiro del fuero a Guaidó por solicitud del Tribunal Supremo de Justicia, que la víspera anunció que lo procesaría por desacatar en febrero una decisión que le prohibía salir del país.
El presidente de la Constituyente, Diosdado Cabello, anunció al final de una sesión, que se extendió por más de dos horas, la aprobación de un decreto constituyente que autorizó el retiro de la inmunidad al jefe del Congreso para proseguir una investigación penal en su contra.
“Que hoy la justicia esté funcionando nos debe llenar de esperanza”, afirmó Cabello durante la sesión al defender la decisión contra Guaidó, al que identificó como la “nada”.
El dirigente oficialista sostuvo que la Constituyente debió decidir el retiro del fuero porque la Asamblea Nacional “no existe” debido a que está “en desacato” de las decisiones del Poder Judicial.
Ahora, sin ningún tipo de protección constitucional, el dirigente opositor de 35 años puede ser juzgado y enfrentar una eventual detención, lo que dejaría a la oposición sin su principal figura y motor de las recientes protestas antigubernamentales que han exacerbado las tensiones contra el presidente Nicolás Maduro en el inicio de su segundo sexenio.
La Constitución garantiza la inmunidad para el presidente, los diputados y demás funcionarios electos por voto popular y prevé que para retirarles el fuero deben ser sometidos previamente a un antejuicio de mérito ante el Tribunal Supremo de Justicia. Y de acuerdo con la carta magna, el Congreso es la instancia que debe aprobar el retiro de la inmunidad de un diputado.
Las acciones del Tribunal Supremo y la Constituyente fueron rechazadas por algunos juristas y opositores que aseguraron que en el caso de Guaidó no se cumplieron los parámetros legales.
Al condenar las acciones en su contra, Guaidó acusó al gobierno, durante una sesión del Congreso, de emprender una “persecución” en su contra ante la falta de soluciones para resolver la crisis eléctrica y la escasez de agua. Además sostuvo que la Constituyente “no tiene ningún tipo de cualidad” para retirarle la inmunidad parlamentaria y sostuvo que lo que buscan es “seguir persiguiendo y haciendo inquisición política”.
Guaidó –que ha sido reconocido por más de medio centenar de países como presidente interino de Venezuela– instó a la población a salir a protestar por las fallas en los servicios.
El analista Félix Seijas, director de la encuestadora local Delphos, afirmó que con la acción del Tribunal Supremo y la Constituyente el gobierno busca “preparar el terreno” para futuras medidas más enérgicas contra Guaidó y medir las reacciones en el ámbito nacional e internacional.
Sobre el impacto que podría generar entre las fuerzas opositoras el enjuiciamiento y eventual detención del jefe del Congreso, Seijas indicó que con esas acciones la oposición perdería su principal motor y dejaría a los sectores adversos al gobierno sin estímulos para presionar la salida de Maduro. “Se corre un riesgo tremendo de que las personas no encuentren otro referente”, agregó.
Hasta ahora el gobierno no había tomado ninguna acción concreta contra Guaidó aunque en las últimas tres semanas, el jefe del Congreso había enfrentado una serie de presiones luego del arresto de su jefe de despacho y mano derecha, Roberto Marrero, quien fue señalado de integrar una supuesta célula terrorista, y la decisión que tomó la Contraloría General de la República de inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por 15 años por supuestamente ocultar o falsear datos en su declaración jurada de bienes.
A mediados de marzo el fiscal general, Tarek William Saab, un exmilitante del oficialismo, anunció la apertura de un segundo proceso contra Guaidó por su “presunta implicación en el sabotaje realizado al sistema eléctrico nacional”.
A finales de enero, el Ministerio Público abrió un primer proceso al dirigente opositor por “diversos acontecimientos violentos” que hasta la fecha no han sido precisados.
La decisión de la Constituyente ocurre en medio de las protestas que se han registrado en los últimos días en la capital y otras ciudades por la severa escasez del suministro de agua y los recurrentes apagones, que han dejado 47 detenidos y han escalado las presiones sobre el gobierno de Maduro.
En un intento por amainar el creciente malestar por el colapso de los servicios públicos, Maduro despidió la noche del lunes al ministro de Energía Eléctrica y aprobó un plan de 30 días de racionamientos eléctricos en todo el país, lo que hace prever que las fallas en los suministros de luz y agua se prolongarán.
Algunas de las principales cámaras empresariales y analistas han advertido que la crisis eléctrica, que se ha prolongado por casi un mes, profundizará la escasez, la paralización económica y la hiperinflación, lo que deteriorará aún más las precarias condiciones de vida de los venezolanos
