México, 21 mayo de 2019.- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) designó a los jueces que resolverán las peticiones de la Fiscalía General de la República (FGR) para acceder a información financiera y congelar cuentas bancarias y otros activos durante sus investigaciones.
Lo anterior, luego de que la Suprema Corte de Justicia suprimió en marzo de 2018 la facultad de la FGR para bloquear cuentas bancarias, y de que la Primera Sala de la propia Corte declaró inconstitucional, en noviembre de 2017, un artículo de la Ley de Instituciones de Crédito, que obliga a los bancos a entregar información de sus clientes al Ministerio Público Federal (MPF).
El Acuerdo del CJF no refiere que sea necesaria orden judicial para los los bloqueos de cuentas que dicta la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda en casos de supuesto lavado de dinero, pese a que las dos Salas de la Suprema Corte ya también los declararon inconstitucionales.
Las peticiones de FGR serán revisadas por los seis jueces adscritos al Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, que operan en virtual secreto en un edificio de Insurgentes Sur, y resuelven las solicitudes por vía electrónica.
El Acuerdo del CJF aclara que los jueces serán competentes para procesar solicitudes del MPF «desde el inicio de la etapa de investigación inicial, durante la misma y hasta antes de que se judicialice el asunto».
«Requerimiento a las instituciones de crédito o a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, de información relativa al secreto bancario o financiero, tratándose de la investigación de delitos de delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita», es uno de los temas que se procesan en el Centro Nacional a partir del 16 de mayo.
No se hace alusión a los delitos fiscales, que derivan de procedimientos en los que el SAT puede acceder a la información bancaria de los contribuyentes, sin necesidad de orden judicial.
Sin embargo, a partir del fallo de la Primera Sala en 2017, casos fiscales de alto perfil se han visto en riesgo, precisamente, porque las acusaciones se han basado en información bancaria obtenida sin permiso de un juez.
El Acuerdo también faculta al Centro Nacional para «el aseguramiento de activos financieros, tales como cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero, tratándose de la investigación de delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita».
El CJF generó este Acuerdo porque las leyes penales no han sido reformadas por el Congreso para aclarar qué jueces deberían conocer de este tipo de solicitudes.
Aprobado el 15 de mayo, entró en vigor al día siguiente, pero fue publicado hasta hoy en el Diario Oficial. (Con información de Reforma)
