México, 21 de mayo de 2019.- El pleno del Senado aprobó por amplio consenso las 4 leyes reglamentarias de la Guardia Nacional, que la definen como una institución de seguridad pública de carácter civil, que se coordinará con las Fuerzas Armadas y los gobiernos locales para realizar operativos.
Tendrá despliegue en todo el país, realizará operaciones encubiertas y con usuarios simulados para desarrollar operaciones de inteligencia. También, vigilará la Internet para prevenir conductas delictivas.
Se le imponen 44 atribuciones y obligaciones, entre ellas: salvaguardar la integridad de las personas y de su patrimonio, garantizar, mantener y restablecer el orden y la paz social y, prevenir la comisión de delitos.
Los elementos de la Guardia Nacional que se coludan con el crimen organizado serán sancionados con una pena de 60 años de prisión.
Se obliga a la coordinación con estados y municipios, aunque establece que la Federación cargará con el costo de los despliegues. En caso de firmarse convenios con las entidades, se compartirá el gasto y se define que la Secretaría de Hacienda tendrá que disponer de los recursos suficientes para su implementación.
Se establece que los elementos de las Fuerzas Armadas que funden la Guardia Nacional podrán solicitar licencias ordinarias e ilimitadas, con la opción de regresar al servicio.
Los derechos laborales como la antigüedad serán preservados, también se respetarán los rangos, condecoraciones, ascensos y serán amparados con un seguro de gastos médicos mayores.
La Guardia Nacional podrá realizar intervención de comunicaciones de manera preventiva cuando se trate de delitos como evasión de presos, corrupción de menores, pornografía, turismo sexual, lenocinio, explotación del cuerpo de un menor de edad, delitos contra la salud, asalto en carreteras, homicidio relacionado con delincuencia organizada, robo de vehículos, entre otros.
Los partidos políticos fijaron postura.
Ricardo Monreal, coordinador de Morena, calificó como un día histórico la aprobación de estas leyes.
“Si estamos escribiendo historia, todos y todas, porque estamos frente al diseño y frente a la construcción de instrumentos jurídicos novedosos, innovadores, modernos con los cuales el Estado mexicano podrá enfrentarse a este enorme desafío que representa la inseguridad y la violencia creciente en nuestro país”.
El coordinador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que se construyeron las mejores leyes posibles, resultado de la buena política.
“Hoy México cuenta con una oposición que construye, no que obstaculiza, una oposición que dialoga no que fragmenta, porque a quienes somos demócratas no nos da miedo ceder, si eso significa avanzar. Aquí se viene a convencer con la fuerza de los argumentos, a sumar no a dividir y por eso también hoy le estamos dando al gobierno las herramientas que nos han pedido y que estiman necesarias en su estrategia para atender la inseguridad. Ahora les toca dar resultados”.
Damián Zepeda, senador del PAN, precisó que la Guardia Nacional no sustituirá a las policías estatales ni municipales.
“La Guardia Nacional es federal, le toca atender los delitos federales, pagada por el gobierno federal en su cien por ciento. Eso sí, puede coordinarse, puede establecer convenios de apoyo para las funciones estatales y municipales que jamás pueden ser rechazadas. No sustituye, que haría un daño terrible, a los estados y a los municipios, sino que coadyuva, colabora, suma esfuerzos y, en este caso, claro que los estados y municipios tendrán que aportar lo correspondiente”.
El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, resaltó la creación de un cuerpo de seguridad eminentemente civil.
“Si no hay leyes perfectas, pero esto algo que acerca mucho a las exigencias y a la propia exigencia de nosotros, de los mexicanos y de las mexicanas. (…) Es una creación de un cuerpo eminentemente civil. (…) En ese sentido, la Guardia Nacional, así ha quedado plasmado, en materia de investigación de los delitos lo hará bajo mando y conducción del Ministerio Público”.
Quienes integren este nuevo cuerpo de seguridad serán capacitados para proceder con respeto a los derechos humanos, sin recurrir a métodos como la tortura y los tratos crueles.
Deberán sujetarse a los lineamientos que les impondrán las leyes del Registro de Detenciones y del Uso de la Fuerza.
Los elementos de la Guardia Nacional, según la Ley del Registro de Detenciones, los obligará a rendir un informe detallado de las personas que detengan, su nombre, sexo, los motivos, si hubo uso de la fuerza, se deberán videograbar incluso los traslados y precisar todos los detalles hasta la autoridad ante la que ponen a disposición al detenido.
Se creará un Centro Nacional de Información en el que aparecerá el número de registro que se asigne a cada persona detenida.
La Ley Nacional del Uso de la Fuerza establece los lineamientos que los agentes deberán seguir y detalla los casos en que se utilizará armamento y de qué tipo según la situación y grado de peligrosidad.
El uso de la fuerza se hará en todo momento con pleno respeto a los derechos humanos. Los agentes de la Guardia Nacional tendrán a su cargo desde un tolete hasta explosivos y armas de fuego permitidas por la ley.
La fuerza letal será el último recurso en cualquier operativo. Los agentes deberán comprobar que la agresión era inminente y ponía en riesgo la vida o integridad física de personas ajenas y la de ellos mismos.
El uso de las armas deberá ser videograbado y los agentes deberán rendir siempre un informe pormenorizado de los acontecimientos que hicieron necesario el uso de la fuerza.
Cuando se hayan utilizado armas letales, el informe deberá incluir el número de disparos o la cantidad de detonaciones de explosivos. Se especificará el tipo de lesiones, los daños materiales causados, el número de personas lesionadas y de quienes perdieron la vida, así como su identidad.
Las modificaciones a la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Pública prevén la creación de un Centro Nacional de Información y detalla las bases para su consulta.
Además, se establecen los procedimientos de colaboración de la Federación, las entidades federativas y los municipios en materia de seguridad.
