Luego de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) promovió ante la Corte acciones de inconstitucionalidad contra las leyes de la Guardia Nacional (GN), el Gobierno federal afirmó que dichas normas cumplen los parámetros constitucionales requeridos.
En un pronunciamiento, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República defendieron las tareas de la GN previstas en dichas leyes y rechazaron omisiones legislativas por parte del Congreso.
«Estamos convencidos de que estos ordenamientos cumplen con los parámetros constitucionales que el Constituyente Permanente tuvo a bien definir con la reforma publicada el pasado 26 de marzo del año en curso», indica el documento.
«Respaldaremos con argumentos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la validez de todos y cada uno de los artículos que conforman estos cuerpos normativos en los tiempos y formas que establece la ley».
Las impugnaciones de la CNDH contra las cuatro leyes secundarias de la GN plantean acotar a ese cuerpo de seguridad en tareas de inspección migratoria, detención de particulares, uso de armas en manifestaciones y reserva de información.
La SSPC y la Consejería afirmaron que las cuatro leyes retoman cada uno de los aspectos establecidos en el cuarto transitorio de la reforma constitucional, en donde se establecen los elementos mínimos que cada ley debe contemplar.
Sostuvieron que dichas normas (de la GN, sobre el Uso de la Fuerza, del Registro de Detenciones, y del Sistema Nacional de Seguridad Pública) tienen estricto apego a la Carta Magna y a diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.
«Diferimos respetuosamente de las manifestaciones que ha hecho la Comisión a través de su titular. Las cuatro leyes fueron materia de un proceso histórico, tanto en la Cámara de Senadores como en la Cámara de Diputados fueron aprobadas por una mayoría absoluta», subrayaron.
«Los proyectos que dieron origen a las iniciativas de ley que más tarde se aprobaron fueron producto de un arduo proceso de análisis que duró varias semanas en una mesa de redacción donde estuvieron representados todos los grupos parlamentarios».
En el caso específico de las leyes sobre Uso de la Fuerza y del Registro de Detenciones, argumentaron que son ordenamientos sin precedentes que regulan a todas las instituciones vinculadas a las tareas de seguridad pública en el País.
Establecen parámetros claros respecto a los niveles de la fuerza que los agentes de seguridad pueden utilizar en relación con los niveles de resistencia y la forma en que deben de realizar los registros de detenciones, abundaron en el pronunciamiento.
Sobre la Ley de la Guardia Nacional, argumentaron que el régimen transitorio de la reforma constitucional establece que puede tener aspectos homologados a los de la Fuerza Armada Permanente.
Esto, en lo relativo a estructura jerárquica, régimen de disciplina (que incluya faltas, delitos y sanciones a la disciplina policial), responsabilidades, ascensos, prestaciones, ingreso, educación, capacitación, profesionalización y cumplimiento de responsabilidades y tareas. (Con información de Reforma)
