Villahermosa, 29 de julio de 2019.- El Congreso del Estado de Tabasco aprobó reformas al Código Penal para imponer hasta 20 años de prisión a quienes extorsionen en la ejecución de obras públicas y privadas en la entidad.
Tras la controversia por presuntamente buscar inhibir las protestas ciudadanas, los diputados aprobaron hacer cambios al dictamen original que buscaba castigar a quienes hagan bloqueos o protesten contra obras.
Con la nueva redacción, se especifica que la pena está dirigida a quien extorsione, coercione o intente imponer cuotas e impida totalmente o parcialmente el libre tránsito para la ejecución de trabajos y obras.
La pena es de 6 a 13 años de cárcel y multa de mil a 2 mil Unidades de Medida y Actualización (UMA); la pena se incrementará por la mitad cuando el sujeto activo se haga acompañar por menores de edad o se emplee violencia.
En ese sentido, con 24 votos a favor y uno en contra, los diputados aprobaron reformas y adiciones a cinco artículos del Código Penal.
Estos cambios también contemplan de 2 a 10 años de prisión a quien interrumpa o dificulte el servicio público local de comunicación destruyendo o dañando algún medio de transporte de pasajeros o de carga, así como de 1 a 8 años a quien obstaculice las vías.
Previo a la votación en lo general, cuatro de los cinco diputados del PRI abandonaron el salón de sesiones en rechazo al dictamen.
La priista Ingrid Rosas consideró que esta iniciativa es para reprimir al pueblo y atenta contra los derechos humanos.
«Debe ser difícil defender lo indefendible, sobre todo cuando se es parte de un Gobierno y de un Presidente que se jacta que todas sus acciones son a favor pueblo, cuando hay hechos que hoy están demostrando lo contrario», manifestó en tribuna.
«La reformas que hoy Morena pretende aprobar no son para beneficiar al pueblo, sino para reprimirlo es muy distinto a la idea que se les quiere vender, implica esto una traición al pueblo».
Consideró que esta reforma podrá ser usada en el futuro para acallar las voces de protesta en contra del Gobierno federal, estatal o municipal.
«Eso se llama autoritarismo», lanzó.
Katia Ornelas, del PRI, reprochó que el Gobierno de la denominada Cuarta Transformación pretenda retroceder al sistema represor que tanto criticaron por años.
«Es inconcebible, es paradójico, es impensable que pretendan impulsar una reformar de esta naturaleza quienes son producto de las manifestaciones, de la libre participación ciudadana», lamentó.
En defensa de la iniciativa, el diputado del PRD, Ricardo Fitz Mendoza, dijo que no se atenta contra el derecho a la manifestación consagrado en la Constitución, sino que se trata de impedir que las inversiones públicas y privadas sean estranguladas por intereses ilegítimos.
En el mismo sentido, se pronunció Julia del Carmen Pardo, de Morena, quien señaló que no se busca penalizar la libre manifestación de los ciudadanos, sino de hacer frente a las prácticas de extorsión y el esquema de obtener recursos de manera ilegal.
Durante la sesión, decenas de ciudadanos protestaron en contra de los diputados, a quienes llamaron traidores, y pidieron someter la propuesta a consulta ciudadana. (Con información de Reforma)
