México, 10 de septiembre de 2019.- El Senado aprobó con 82 votos en pro y 34 en contra reformas a 5 ordenamientos legales, para establecer que el uso de facturas falsas, la defraudación fiscal y el contrabando serán delitos de delincuencia organizada, que ameritarán prisión preventiva oficiosa y por tratarse de ilícitos que atentan contra el Fisco, se considerarán como amenazas a la seguridad nacional.
Las leyes que se modificaron son:
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Ley de Seguridad Nacional, Código Nacional de Procedimientos Penales, Código Fiscal de la Federación y Código Penal Federal.
Según el dictamen aprobado se aplicará una pena de hasta 9 años de prisión a quien expida, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos simulados.
Cuando el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones, será destituido del empleo e inhabilitado de uno a 10 años para desempeñar cargo o comisión públicos. Pero, si el daño es al Fisco Federal, la inhabilitación será por un plazo de 20 a 30 años.
La oposición externó su preocupación por el dictamen y cuestionó su contenido por su validez constitucional y la pretensión de imponer un “terrorismo fiscal”.
Claudia Anaya, senadora del PRI, afirmó que con estas reformas se pretende institucionalizar la extorsión y equiparar la actividad empresarial con delincuencia organizada y considerarla un riesgo para la seguridad nacional.
“No les basta con acosar a los empresarios, ahora los quieren meter a la cárcel. Hay que tener mucho cuidado. Yo le voy a hablar al grupo de mayoría en su lenguaje, esta reforma está fuchi, esta reforma está guácala, pa’ que me entiendan. Señor, señora empresarios, tengan cuidado la 4T los va a perseguir peor que sicarios”
El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, destacó que ni el uso de facturas falsas, el contrabando y la defraudación fiscal ameritan ser considerados como delitos de delincuencia organizada ni mucho menos atentatorios para la soberanía nacional.
“Yo les pregunto ¿Deberás, esto es delincuencia organizada? (…) Para que mandamos este mensaje a los contribuyentes, por qué no vamos como lo planteó la Secretaría de Hacienda por quienes alteran las facturas, por quienes alteran los contratos, por qué no cerramos en la ley a qué se está dirigiendo. (…) A mí me parece que esto es demasiado amplio. Pero, todavía más delicado me parece lo de la seguridad nacional, son conductas en donde hoy se tiene el espionaje, el terrorismo, el genocidio, la traición a la Patria, ¿deberás también la defraudación fiscal? Yo creo no. Compañeros hoy están ustedes en el poder, pero las leyes no se van a hacer para estos seis años, estos cambios son de una política pública”.
Minerva Hernández, senadora del PAN, lamentó que estos cambios sean sólo recaudatorios, para proveer de recursos a los megaproyectos de este gobierno, como el Tren Maya y el aeropuerto de Santa Lucía.
“Lo que ya detrás de esta reforma es un claro ánimo recaudatorio, porque las cifras no les están cuadrando, porque necesitan dinero de manera urgente, porque ante el faltante en el ingreso observado no les bastó con pegarle un mordisco de más de 40 por ciento al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, porque este gobierno quiere más recursos para su Tren Maya, para la refinería de Dos Bocas, para Santa Lucía o para el Programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, para eso quieren más recursos y por eso están atacando a los contribuyentes cumplidos con acciones que se constituyen en terrorismo fiscal”.
Lucía Trasviña, senadora Morena, defendió estas reformas argumentando que hay resistencia a los cambios que presenta la Cuarta Transformación.
Acusó a la oposición de recurrir a argucias legaloides y argumentos jurídicos sin sustento para defender un negocio que ven perdido.
“Lo siento mucho porque quienes tuvieron y ejercieron el poder, por quienes fueron cómplices de esas empresas fantasmas y que se le está yendo de la mano el gran negocio. Se van a joder, porque no vamos a permitir corrupción. Aquí hay quienes han sido los grandes beneficiarios del saqueo de los bienes de este país. Se los digo de frente, son unos baquetones, cínicos y sinvergüenzas”.
Se establece una pena de hasta 9 años de prisión para las personas morales, cuando el monto de lo defraudado sea mayor a 965 mil dólares o 18 millones 209 mil 870 pesos.
En el dictamen se establece que se requerirá de querella por parte de la Secretaría de Hacienda para proceder penalmente por el uso de facturas falsas.
La minuta se turnó a la Cámara de Diputados para su análisis y dictaminación.
