México, 11 de septiembre de 2019.- El bloque opositor en el Senado anunció que interpondrá una acción de inconstitucionalidad contra las reformas aprobadas la víspera por esta cámara que hacen de la facturación falsa, el contrabando y la defraudación fiscal delitos de delincuencia organizada, atentatorios de la seguridad nacional y meritorios de prisión preventiva oficiosa.
Julen Rementeria, vicecoordinador del PAN, declaró que las modificaciones a 5 ordenamientos legales contravienen la Constitución Política, además de ser una conducta de “terrorismo fiscal”, que lo único que pretende es criminalizar a los empresarios.
Confió que la acción de inconstitucionalidad que interpondrá el bloque opositor echará abajo estas reformas.
Aunque, precisó que en sus términos estas modificaciones dejarán sin castigo a quienes hayan defraudado al Fisco en el pasado.
“Con esta reforma todos los que se dedicaron a ello en el pasado ya no se puede ir contra ellos, porque digamos que ya no puede ser la irretroactividad de la ley penal está contemplada precisamente en el 14 constitucional y como se cambió el tipo delictivo y se hace ahora delincuencia organizada y también se ataca contra la soberanía de la nación y se aumentan las penas, ya no se podrá ir contra quienes se dedicaron a ello en el pasado y eso es gravísimo porque era parte de sus argumentos, perseguir a los que han venido haciendo y recobrar recursos y aumentar la recaudación”.
El vicecoordinador del PRI, Manuel Añorve, manifestó que su partido está a favor de sancionar a las empresas fantasma y la facturación falsa, pero es un despropósito de un Estado autoritario equiparar estos ilícitos con delincuencia organizada.
“Vamos a presentar una acción de inconstitucionalidad, ya la empezamos a trabajar, porque debemos de separar la buena intención que se tiene para combatir a las empresas fantasma y, por supuesto, también la facturación falsa con un Estado autoritario que le da dientes a la Procuraduría fiscal para resolver de manera autoritaria e inconstitucional contra cualquier inconsistencia que se tenga y es un arma del Estado que puede ser represiva y no queremos un Estado autoritario en este país”.
Sin embargo, Mónica Fernández, presidenta del Senado, aseveró que este es un andamiaje legal para combatir la corrupción y un flagelo que abre una sangría a las finanzas públicas de 1.6 billones de pesos.
“Esto no va dirigido a los contribuyentes honrados, no va dirigido a las personas que cumplen con la ley, que tienen sus negocios en la honradez, de ninguna manera, que son la mayoría del país. Esto va dirigido a los que no son contribuyentes porque eso es lo que tratan de evitar con todas facturas falsas, empresas fantasma, a esos es a los que va dirigido, no va dirigido a los contribuyentes honrados, al contrario, no hay que dejarse engañar, hay que tener muy claro como está diseñado este proceso y precisamente es para salvaguardar a los contribuyentes cumplidos”.
Mauricio Kuri, coordinador del PAN, lamentó que este sea un gobierno de ocurrencias que no vea la realidad del país, que se niega a reglamentar la informalidad, que representa el 60 por ciento de las ventas en el país.
