Quito, 13 de octubre de 2019.- Las manifestaciones y actos vandálicos provocados por el aumento en los precios de los combustibles en Ecuador han dejado siete muertos mientras el gobierno suspendió el domingo el toque de queda desde el mediodía hasta la noche tras la violenta jornada registrada la víspera.
La Defensoría del Pueblo informó que debido a las manifestaciones han muerto siete personas _entre ellas una mujer_ hay 1.340 heridos de diversa magnitud y 1.152 detenidos.
Las Fuerzas Armadas, en cargadas de hacer cumplir el toque de queda en todo el territorio emitieron un comunicado en el que señalan que se suspende entre las 11:00 horas (1600 GMT) de la mañana hasta las 20:00 horas (0100 GMT).
Previo a esa disposición, los ciudadanos circulaban con relativa libertad por las calles, tanto a pies como en vehículos sin que sean evidentes controles ni retenes policiales y militares.
Jhon González, de 26 años, quien caminaba hacia su casa, dijo a The Associated Press: “Vengo de mi trabajo, no me fui a mi casa anoche, estoy desde las siete de la mañana llamando un taxi pero nadie contesta. No veo control policial ni militar, parece que la ciudad está más tranquila pero no hay transporte y quiero llegar al sur”.
Muchas personas no pudieron moverse de los respectivos sitios de trabajo o lugares en donde se encontraban cuando entró en vigencia la acción de control militar, pero aprovecharon la mañana del domingo para avanzar a pie por las calles, donde en las primeras horas de la mañana no se veían controles ni vehículos militares.
Los manifestantes no solo se han concentrado en las ciudades para evidenciar sus protestas, son que principalmente indígenas de la amazonia, han atacado y han impedido la normal producción de petróleo, el principal producto de exportación del país.
Antes de las jornadas de protesta, los pozos de la amazonia producían unos 430.000 barriles de petróleo, peor la producción ha caído a 176.029 barriles, según cifras del sábado entregadas por una fuente de Petroamazonas, que pidió el anonimato porque no está autorizado a dar esos datos.
Estas cifras dejan pérdidas por casi 14 millones de dólares diarios.
El gobierno del presidente Lenín Moreno se valió de esta medida, por primera vez en décadas, para hacer frente a generalizadas manifestaciones en la capital, donde un grupo de encapuchados atacó e incendió la Contraloría, que resguarda las investigaciones de la corrupción, especialmente ocurridas durante el gobierno del expresidente Rafael Correa (2007-2017).
Durante la tarde, otra turba de encapuchados causó un incendio y serios daños al canal de televisión Teleamazonas, al norte de Quito, y minutos más tarde otro grupo de similares características violentó el diario El Comercio, al sur de la ciudad, mientras cientos de indígenas se enfrentaban con la policía en un parque del centro norte, al que hicieron de base durante una semana de protestas.
Michael Limaico, un desempleado de 35 años, en el norte quiteño manifestó a la AP que “no es una protesta de ladrones, de latinquines (pandilleros), somos el mismo pueblo, que estamos cansados”.
Moreno responsabilizó de la violencia a grupos de narcotraficantes y a seguidores de Correa, algunos de cuyos más altos colaboradores están acusados y procesados por hechos de millonaria corrupción con fondos públicos.
Las protestas sociales empezaron poco después que Moreno decretara a inicios de octubre un duro paquete económico, aunque lo que más enardeció a la población fue le elevación del precio de la gasolina de 1.85 dólares a 2.30 el galón y del diésel, el más usado por el transporte pesado, de 1.03 a 2.30 dólares.
