México, 4 de noviembre de 2019.- Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, después de afirmar el viernes pasado que la Ley Bonilla perviviría, este lunes rectificó y afirmó que está en “entredicho su constitucionalidad” y, que nunca ha mentido ni engañado a nadie respecto a su posición en este tema.
A través de lo que llamó un posicionamiento oficial, inédito en esta administración, la ministra en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación dirigiéndose a los “respetados ciudadanos, a quienes tengo la alta responsabilidad y el honor de servir”, reiteró que:
“Considero, y así lo declaré, que en este momento el bando recibido por el gobernador de esa entidad es legal, en virtud de que prevalece la norma vigente del Congreso Local, que prolongó de 2 a 5 años el periodo de gobierno, estando, sí, en entredicho su constitucionalidad”.
Refirió que “en el caso de la extensión del periodo de gobierno en Baja California, siempre he sostenido mis argumentos jurídicos acerca de este hecho, jamás los he variado, nunca he mentido, ni he engañado a nadie. Mi posición respecto a ese hecho está consistentemente basada en el análisis jurídico de sus variables legales”.
Señaló que la constitucionalidad o no de la Ley Bonilla, es un asunto que corresponde resolver única y exclusivamente, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“En algunas entrevistas fui cuestionada sobre el tema, manifestando que mi postura como jurista es hoy la misma que ayer me llevó a votar, en escenarios similares siendo magistrada, por la inconstitucionalidad de hechos así, como lo expresé en mi comparecencia en la Cámara Alta”, sostuvo
Apuntó que “lo anterior de ninguna manera indica que en este caso la autoridad competente vaya a emplear el mismo criterio, toda vez que, precisamente el ‘esgrima jurídico’ que mencioné en el video y es parte de los escenarios inmediatos, muestra que el problema radica en quién está legitimado para promover la acción legal”.
Destacó que seguirá siendo plenamente respetuosa de las jurisdicciones del Estado y, reconoció que uno de los “análisis actuales de la situación” indica que es posible que la “perviva” la norma aprobada por el Congreso de Baja California.
Lamentó lo que calificó como malas interpretaciones sobre sus dichos y justificó que el video se grabó y transmitió por la red social sin su conocimiento ni autorización.
Dijo que se seguirá conduciendo con congruencia, valores, convicciones y argumentos y manifestó que “continuará defendiendo y manteniendo” la reputación personal y profesional que ha construido a lo largo de su vida personal y profesional.
“Siento mucho las interpretaciones dadas al referido video por diferentes actores sociales, políticos, periodísticos y de las redes sociales, sobre la manera de expresarme. Sostengo que mis argumentos en público y privado son congruentes y totalmente respetuosos de los ámbitos de competencia de los poderes del Estado”, expresó.
La secretaria admitió que “eventualmente podré equivocar una expresión, más mi honestidad e integridad seguirán rigiendo permanentemente mi vida en lo público y privado, estando siempre por encima de cuestionamientos y de cualquier interés que no sea el superior de mi país”.
