México, 4 de diciembre de 2019.- Este miércoles comparecieron ante la Comisión de Justicia del Senado, las tres candidatas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, para ocupar la vacante de ministra en el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Las comparecientes lo hicieron por orden alfabético.
La primera en ser examinada fue Diana Álvarez Maury, actual subsecretaria de Desarrollo Democrático, Participación Social y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación.
Aseguró que no tiene ninguna filiación partidista. Manifestó total independencia e imparcialidad, sin intereses personales o de grupo.
Se pronunció por abrir un debate amplio para regularizar la marihuana con fines recreativos, como opción para frenar la violencia en el país.
“Es prudente, como le comento, un debate amplio para determinar en todo caso ese tipo de regulación, desde el punto de vista del impacto que esto puede tener. (…) Por una parte es el problema que se causa por el crimen organizado en tema de narcotráfico que genera un mercado importante y que mientras esto siga sin regularizarse de alguna manera podemos seguir o estar promoviendo este tipo de violencia y este tipo de ganancias económicas, entonces yo creo que ese también es otro punto que se debe de tomar en cuenta para la legalización. Pero, hay que ponderar también los intereses de la sociedad y los intereses de los jóvenes y los intereses de los niños”.
La académica e investigadora del Centro Investigación y Docencia Económicas (CIDE) Ana Laura Magaloni Kerpel, también garantizó imparcialidad.
Fundamentó la idoneidad de su candidatura en su probada independencia de criterio, integridad personal y profesional y una trayectoria pública acreditada, que no compromete sus convicciones.
Afirmó que México está azotado por la violencia y la corrupción, es decir, por la arbitrariedad de la ley del más fuerte.
Señaló que vivimos en un México partido, en el que la justicia lleva demasiado tiempo torcida.
“Exista un amplio respaldo social sobre la necesidad de que el Estado recupere el espacio que han ocupado la violencia y la corrupción. (…) En este contexto necesitamos, más que nunca, un árbitro creíble, legítimo, imparcial. Necesitamos una Corte que pacifique. (…) Nunca en México ha existido una reforma a la justicia que se llame y apellide acceso, (…) una sociedad que limita el acceso a la justicia a millones de personas es por definición una sociedad desigual. (…) Vivir fuera de la protección de la ley es vivir en la amenaza, la incertidumbre y el desamparo de forma permanente. (…) Que el violento y el corrupto no impongan la ley”.
La última en ser auscultada fue Margarita Ríos Farjat, actual jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT).
A través de la lectura de una autobiografía, manifestó su anhelo de seguir los pasos de su padre en el Poder Judicial de la Federación.
Aseveró que no es la Corte la que por sí misma atraerá y resolverá los grandes problemas nacionales, también la sociedad debe contribuir judicializando aquellas demandas, que aún respaldadas en derecho, son todavía operativas.
“Bienvenido el cambio por la vía judicial. Sin embargo, no le dejemos a la Corte la enorme tarea de dotar de contenido las políticas públicas, cuando estas deben partir de la soberanía legislativa y de la administración pública. El papel de la Corte es guardar un discreto, pero potente papel para paliar los excesos o abrir la brecha al cambio para posibilitar que la Constitución logré su máxima expresión. La sociedad civil debe mejorar sus estrategias y coadyuvar al mayor desarrollo jurídico que nuestra nación requiere”.
La Comisión de Justicia aprobó el dictamen que declara la idoneidad de las tres candidatas para ocupar la vacante que dejó Eduardo Medina Mora en el pleno de la Corte.
En la sesión ordinaria de este jueves, se elegirá por mayoría calificada a la nueva ministra.
