México, 5 de febrero de 2020.- La Comisión para la Igualdad de Género del Senado externó su preocupación por la propuesta de la Fiscalía General de la República (FGR) de reclasificar el delito de feminicidio en el Código Penal Federal.
Esta comisión que preside la senadora de Morena, Malú Micher, reconoció que si bien el Senado no ha recibido alguna propuesta formal, la FGR fijó una postura institucional con el comunicado que emitió este martes en el que sostiene que enfrenta una serie de “condiciones, requisitos y circunstancias que complican inútilmente la judicialización del feminicidio”.
“Quienes integramos esta Comisión hemos escuchado todos los puntos de vista para avanzar en el derecho a tener derechos de todas las mujeres y niñas y, no debemos dar un solo paso atrás en lo ya logrado”.
La Comisión consideró que esta postura de la Fiscalía representa un retroceso en los derechos ganados para reconocer y visibilizar la máxima expresión de la violencia contra las mujeres, al partir de un diagnóstico equivocado ya que afirma que sólo 28 estados y la Federación reconocen al feminicidio como delito, siendo realmente las 32 entidades del país que lo reconocen, junto con la Federación.
Insistió que la propuesta de la FGR “busca considerar el asesinato de una mujer como homicidio calificado con agravante de feminicidio. Esta intención ya fue rechazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al resolver el amparo directo en revisión 5267/2014, donde declaró inconstitucional el primer párrafo del artículo 126 del Código Penal del estado de Chihuahua.
Ya que esta redacción contraviene el derecho a la igualdad y no discriminación, considerados como fines a perseguir del Estado, por ello, aun cuando se busque garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, el espíritu del artículo no permite alcanzar esos fines, ya que el homicidio es cometido por razones de género, según señala la sentencia.
Añadió que la postura de la Fiscalía contraviene lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su sentencia conocida como “Campo Algodonero”, donde se afirma que los asesinatos de mujeres por razones de género deberán ser considerados como feminicidios.
Reiteró que “la propuesta de la FGR podría incurrir en la inconstitucionalidad y contravenir mandatos internacionales que establecen la prevención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres y que obligan al Estado mexicano a atender las causas y consecuencias del mismo, particularmente, el feminicidio”.
Mencionó que argumentar las dificultades que enfrentan las y los impartidores de justicia para calificar el delito, evidencia la enorme urgencia de seguir profesionalizando al Sistema Judicial mexicano en la protección, respeto y garantía de los derechos humanos de las mujeres y, lamentablemente, no expresa la obligación de salvaguardar el derecho a la justicia de éstas que se ha estancado hasta este momento.
