México, 18 de febrero de 2020.- El presidente Andrés Manuel López Obrador envió este martes al Senado la iniciativa de reforma al Poder Judicial, que elaboró la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
La propuesta se centra en el combate contra la corrupción y el nepotismo, un impulso a la paridad de género y el fortalecimiento de los defensores públicos para el auxilio legal de los sectores más vulnerables y con menor acceso a la justicia.
Arturo Zaldívar, presidente de la Corte, entregó el miércoles 12 de febrero pasado al presidente López Obrador la reforma, para que la hiciera suya y la firmara y así cumplir con el trámite de enviarla al Poder Legislativo para su análisis, dictaminación y aprobación, pues el Poder Judicial no tiene facultades para presentar iniciativas.
La reforma propone modificar 7 artículos de la Constitución Política.
Expide 2 nuevas leyes federales: La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera Judicial.
Plantea reformas a 5 ordenamientos legales, entre otros:
La Ley de Amparo, la Ley General de Defensoría Pública, el Código Federal de Procedimientos Civiles y Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.
Uno de los propósitos de la reforma es configurar un Sistema Judicial más funcional y eficaz, que le permita gozar de niveles de confianza social, respecto del impacto que tiene la función jurisdiccional en la vida cotidiana de la ciudadanía.
Otro objetivo es dotar de mayor eficacia las competencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de los plenos de Circuito y de los tribunales colegiados.
Busca maximizar la posibilidad del Alto Tribunal de concentrar su actuación en su papel de último interprete del orden jurídico.
Con esta reforma se pretende adecuar el marco constitucional y legal para que todos los operadores del sistema jurídico se ciñan al respeto de la dignidad de la persona, la libertad, la igualdad y la pluralidad, para asegurar una sociedad más justa y menos asimétrica.
Propone medidas que disminuyan la tensión social que generan los conflictos judiciales y los costos financieros que conllevan esos procesos.
Pretende consolidar a los tribunales que conforman el Poder Judicial, mediante la integración de los tribunales de alzada, para responder al crecimiento exponencial de la delincuencia organizada y otros delitos de alto impacto.
Esta reforma busca expandir la carrera judicial a todos los niveles de los órganos jurisdiccionales para vigorizar sus estructuras, asegurar el ingreso y el ascenso a través del mérito personal y la capacidad profesional.
