México, 3 de marzo de 2020 (AP).- Víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes se mostraron escépticas ante la llegada a México este mes de una comisión del Vaticano que recabará datos y testimonios sobre pederastia clerical, aunque la mayoría está dispuesta a reunirse con los enviados del papa Francisco.
“Sólo hablando con ellos se les puede exigir resultados”, dijo a The Associated Press Biani López-Antúnez, víctima de un Legionario de Cristo que era director de una escuela en Cancún y que abusó sexualmente de ella entre los 8 y los 10 años. “Los resultados de esta visita se deben medir exclusivamente a partir de hechos, de informes, porque ya estoy cansada de la simulación que opera a todos los niveles de la Iglesia”, agregó.
La Santa Sede anunció el martes que dos altos investigadores -Charles Scicluna, arzobispo de Malta y secretario adjunto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, y Jordi Bertomeu- estarán en la Ciudad de México del 20 al 27 de marzo y mantendrán reuniones con los obispos mexicanos, los superiores de las órdenes religiosas y las víctimas que quieran hablar con ellos y a quienes garantizan total confidencialidad.
México, el segundo país con más católicos del mundo, ha acumulado desde hace décadas denuncias de abusos sexuales de sacerdotes y de su encubrimiento por parte la de alta jerarquía eclesiástica del país. Y también ha visto cómo en el último año nuevas víctimas, como López-Antúnez, han levantado la voz por delitos sufridos hace más de 20 años dejando en evidencia las asignaturas pendientes de la Iglesia, que aunque dice apostar por una política de “tolerancia cero” sigue sin ofrecer las respuestas que las víctimas reclaman: justicia, reparación integral y garantía de no repetición.
La misión que vendrá a México, y que según la Conferencia Episcopal Mexicana llega a petición suya, está integrada por los mismos funcionarios del Vaticano que fueron a Chile en 2018 supuestamente a investigar sólo un caso pero regresaron con 2.600 páginas de testimonios de más de 60 víctimas. Su trabajo provocó que el papa pidiera perdón y conllevó acciones judiciales.
“Tiene que haber intervención de una autoridad externa que determine responsabilidades delictivas porque si es sólo la comisión eclesiástica es muy difícil que suceda algo”, afirmó Alberto Athié, un exsacerdote mexicano que ha hecho campaña durante más de 20 años en nombre de las víctimas de abuso sexual clerical. En caso contrario, agregó, la misión del Vaticano podría quedarse en una muestra más de que la Santa Sede atiende el asunto pero sin llegar al fondo.
Por eso Athié consideró imprescindible el interés de los legisladores mexicanos en que prospere una comisión de investigación independiente que se ha propuesto en el Senado -todavía sin fecha para su debate y votación- porque podría sistematizar la información, “reconstruir la verdad y turnar a las autoridades competentes a todos los responsables”, desde los abusadores a los encubridores.
El número de víctimas de abusos sexuales a manos de sacerdotes en México es una cifra negra.
La Conferencia Episcopal Mexicana, que el martes tenía prevista una conferencia de prensa sobre la misión del Vaticano, dijo en enero que investiga a 271 religiosos por abusos en la última década -155 de estos casos han llegado a las fiscalías- pero no ofreció cifra de víctimas.
Jesús Romero Colín, psicólogo y director de la organización no gubernamental Inscide, que atiende a víctimas de abusos sexuales y él mismo fue abusado por el párroco de su iglesia cuando tenía 11 años, asegura que pueden ser miles.
“En mi caso había 20 víctimas y yo solo denuncié. De 50 víctimas que hemos recibido en la organización sólo se animaron a denunciar dos y hay sacerdotes que abusaron hasta de 100 o 130 víctimas”, indicó en una entrevista telefónica. “Ese es el porcentaje”. Otras organizaciones y expertos hacen cálculos muy similares.
El caso de Romero Colín es una excepción porque su abusador, Carlos López Valdez, fue el primer sacerdote condenado en México por pederastia y actualmente está en la cárcel. La sentencia, de 63 años de prisión, llegó en 2018 después de diez años de lucha. Pero, aun así, Romero Colín asegura que quedan muchos pendientes. Por eso acudirá a la cita con los enviados del papa. “Lo importante es que los sobrevivientes tengamos línea directa con el Vaticano, saltarnos a todos los intermediarios”, indicó.
