México, 11 de mayo de 2020.- El gobierno de México pidió a su homólogo de Estados Unidos una relación de las más de 2 mil armas de alto calibre que entraron en 2009 a territorio nacional en el operativo conocido como ‘Rápido y Furioso’.
En una nota diplomática enviada hoy por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) a la embajada de Estados Unidos en México, la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que se reitera una solicitud que realizó la Fiscalía General de la República (FGR) en septiembre de 2019 y que fue ratificada en febrero de este año.
Entonces, la FGR urgió a la Agencia de Control de Bebidas Alcohólicas, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) compartir la documentación de las declaraciones de los procesados por el operativo, así como la relación de las armas que han sido recuperadas en México y de las que aún no.
«El gobierno de México solicita que se le proporcione toda la información que se disponga respecto al operativo ‘Rápido y Furioso’, conforme al ánimo de cooperación y confianza mutua que rige la estrecha relación entre ambos países», indicó la Cancillería en el documento.
En un video difundido en redes sociales, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, apareció dando lectura a la nota diplomática.
En la nota, se cuestiona la versión oficial del gobierno de México en 2009, encabezado por el ex presidente Felipe Calderón.
«La identificación de la pertenencia de cada arma al operativo ‘Rápido y Furioso’ en territorio mexicano sólo pudo hacerse con la plena participación de las más altas autoridades de nuestro país, puesto que requirió un acucioso proceso de identificación, seguimiento y judicialización. Sin plena cooperación, no se podría conocer el origen y destino de las armas», aseveraron las autoridades mexicanas en la misiva.
«Hay dudas fundadas respecto a lo ocurrido».
Recordaron que el operativo, como reconoció el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en el informe publicado en septiembre de 2012, involucró el trasiego de más de 2 mil armas de alto calibre que entraron a territorio nacional con el propósito de ser rastreadas para obtener inteligencia sobre la compra-venta ilegal de armas en México y procesar a los responsables ante la justicia.
«No obstante, estas armas han sido empleadas para cometer diversos delitos tanto en México como en Estados Unidos, inclusive en terceros países. Dando como resultado la lamentable pérdida de vidas mexicanas y estadounidenses, sin que hasta la fecha se haya cumplido el objetivo requerido, tan es así que el tráfico ilícito de armas ha seguido creciendo los últimos años», destacaron.
«A la fecha, la comunicación y planeación del operativo entre las autoridades estadounidenses y mexicanas no ha sido suficientemente aclarada», agregaron.
En la nota, según leyó Ebrard, la entonces Procuraduría General de la República aducía que las autoridades mexicanas desconocían la existencia del operativo.
Sin embargo, a través de la embajada de Estados Unidos en México, el gobierno de ese país publicó una declaración del ex secretario de Justicia, Eric Holder, quien aseguró que las autoridades mexicanas sí tenían conocimiento sobre el caso.
«Si en efecto, como apunta la evidencia descrita, el gobierno de México conoció y autorizó el operativo, entonces estaríamos ante graves violaciones a la Constitución Política y leyes que de ella emanan, por parte de quienes ocupaban los más altos cargos en nuestro país, puesto que habrían mentido al Congreso de la Unión y a la sociedad», se refiere en la nota diplomática.
«Si en cambio, resultase verdad que no se conocía ni se autorizó el operativo en cuestión, entonces autoridades de Estados Unidos habrían actuado en territorio nacional sin conocimiento del gobierno y se habrían entregado armas a la delincuencia organizada provocando homicidios y otros graves delitos contra nuestra sociedad. Es decir, se habría violado la soberanía nacional de México». (Con información de Reforma)
