México, 6 de julio de 2020.- La Secretaría de la Función Pública (SFP) inhabilitó a la empresa Cyber Robotics Solutions S.A. de C.V., propiedad de León Bartlett Álvarez, hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett Díaz, por diversas irregularidades en la venta de respiradores mecánicos a la delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Hidalgo.
La SFP informó este lunes en el Diario Oficial de la Federación que las sanciones aplicables a esta compañía privada son 24 y 27 meses de inhabilitación para establecer contratos con el gobierno de la República, así como dos multas, que suman más de dos millones de pesos.
Además, dijo que fueron suspendidos cuatro servidores públicos adscritos al IMSS-Hidalgo por su posible complicidad en estas acciones irregulares.
En un comunicado, la dependencia informó que esa empresa vendió en 31 millones de pesos 20 ventiladores, por lo que cada equipo tuvo un costo de un millón 550 mil pesos, es decir, a sobreprecio y “fuera del rango del mercado”.
La titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, informó que a lo largo de la pandemia se han supervisado más de dos mil procesos de contratación en el sector salud y recibido 722 denuncias ciudadanas por presuntos hechos ilícitos.
El pasado 17 de abril se le adjudicó de forma directa un contrato a la empresa de Bartlett Álvarez, hoy inhabilitada, la cual no produce insumos médicos, con la justificación de que había una necesidad urgente de atender a enfermos de Covid-19 en Hidalgo.
Según el comunicado:
“Las oportunas acciones de la SFP evitaron cualquier daño patrimonial al Estado y revelaron que la contratación se sustentó en falsedades, injustificada urgencia y equipos en mal estado”.
En su investigación, la dependencia identificó que el precio ofrecido por la empresa estuvo fuera del rango del mercado. Además que se demostrado que la compra, en el mismo momento, de equipos similares a otra empresa tenía un precio mucho menor, incluso al equipo adquirido recientemente por la Cancillería.
La SFP subrayó que ni uno solo de los 20 equipos entregados cumplió con las especificaciones técnicas contratadas, pues se entregaron equipos viejos, usados y en mal estado, precisa en este sentido que 11 estaban rotos y totalmente inservibles, tal y como ahora lo reconoce el propio IMSS.
Además de las irregularidades cometidas por la empresa sancionada, la SFP también investiga la posible comisión de faltas administrativas por parte de servidores públicos vinculados al proceso de adquisición.
Según la funcionaria, con estas acciones «se demuestra con hechos que la transformación de México y su cruzada contra la corrupción avanza con buen paso y que en esta lucha no hay intocables ni perseguidos».
