México, 28 de julio de 2020.- Luego de la polémica que generó su contenido, Geovanna Bañuelos, coordinadora del Partido del Trabajo en el Senado, anunció que retiró para su aprobación su iniciativa de Ley General de Salud Mental, que estaba previsto se discutiría y aprobara por el pleno de esta cámara, este miércoles en una sesión extraordinaria.
Después de una reunión privada con el coordinador de Morena y, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal, la lideresa de la bancada petista resolvió retirarla de la orden del día, para que a partir de septiembre próximo sea enriquecida en Parlamento Abierto.
Geovanna Bañuelos explicó su decisión de que esta ley sea discutida en otro momento.
“Estamos solicitando de manera formal al presidente de la Junta de Coordinación Política que retiré del periodo extraordinario la discusión y el debate de la Ley General de Salud Mental. (…) Queremos solicitarle al senador Monreal que abra los canales de discusión y de debate que sean incluyentes gracias a este interés que se la ha puesto al tema de salud mental, para que pueda generarse a partir del mes de septiembre Parlamento Abierto y, que el Senado de la República no decline de este compromiso que tenemos, esta deuda histórica que tenemos con los mexicanos”.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, reconoció que esta Ley de Salud Mental generó discusión.
“Hace varios meses la senadora Geovanna del Carmen Bañuelos, presentó una iniciativa para que crear una Ley General de Salud Mental, esta iniciativa, este dictamen, ha generado discusión pública en distintas instancias de la sociedad civil”.
Al menos una treintena de organizaciones y colectivos de la sociedad civil se manifestaron en marzo pasado en contra de ley, por perpetuar violaciones a derechos humanos hacia las personas con discapacidad, al legalizar internamientos involuntarios, tratamientos forzados y desconocer la capacidad jurídica de la personas.
A decir de estas organizaciones la iniciativa de la senadora Bañuelos de la Torre entra en contradicción con estándares internacionales suscritos por el Estado Mexicano, como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), ratificada por México en 2008.
Criticaron que la propuesta reproduzca una visión biomédica que invisibiliza y aísla a las personas al verlas como objetos de tratamiento y no como sujetos de derechos y pone en entredicho derechos como el derecho a la autonomía, al consentimiento informado, a la capacidad jurídica y a la libertad personal.
Señalaron también que la iniciativa podría legalizar los tratamientos forzosos, considerados como tortura por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Además de que avala los internamientos involuntarios en hospitales psiquiátricos y, usa un lenguaje discriminatorio que reproduce estigmas equivocados sobre la salud mental.
