No procede solicitud de consulta de senadores de Morena para enjuiciar a expresidentes: Fernández

México, 28 de agosto de 2020.- Mónica Fernández, presidenta del Senado, declaró que son insuficientes las firmas de 15 senadores de Morena, para solicitar la realización de una consulta popular para juzgar a los expresidentes que gobernaron al país de 1988 a 2018 por posible corrupción. 

La titular de la Mesa Directiva recordó que la Constitución Política es muy clara, pues se necesita el 33 por ciento de firmas de una de las cámaras del Congreso de la Unión, para que la solicitud prospere.

En este caso, se requieren al menos 43 firmas de senadoras y senadores para activar el proceso. 

La senadora de Morena recordó que la sociedad ha buscado que el poder presidencial rinda cuentas sobre su gestión, particularmente por los estragos provocados a la hacienda pública al vender o rematar empresas del sector paraestatal.

Dijo que hay un clamor popular porque Carlos  Salinas de Gortari con la venta de empresas; Vicente Fox con una familia dilapidadora de los bienes de la nación; Felipe Calderón con una guerra no pedida y la exagerada displicencia para enajenar al sector petrolero y eléctrico en general, como lo hizo Enrique Peña Nieto, sean juzgados. 

Pero, insistió que la solicitud presentada por 15 senadores de Morena, encabezados por Martí Batres y Napoleón Gómez Urrutia, requiere de al menos otras 28 firmas para que proceda.

“Se mencionó que llegó una solicitud de los senadores, sin embargo, uno de los requisitos para que proceda es que la solicitud sea con más de 43 firmantes, lo cual no ha pasado, por lo que no puede darle entrada”, puntualizó.

En otro tema, Mónica Fernández que este domingo concluye su gestión como presidenta del Senado, reconoció que en este periodo se afrontaron retos singulares.

Pero, siempre se privilegió la salud e integridad ante un potencial contagio para todo el personal que labora en el Senado, y por ello se realizaron sesiones virtuales.

Se dijo orgullosa de haber mantenido la operatividad en las actividades legislativas y parlamentarias.