México, 2 de septiembre de 2020.- Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD en el Senado, propuso castigar con 30 años de prisión los ciberdelitos.
El exjefe de Gobierno presentó una iniciativa de ley para modificar el Código Penal Federal, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de Seguridad Nacional y expedir la Ley General de Ciberseguridad.
En la exposición de motivos de su iniciativa, Mancera Espinosa refiere que según el Reporte Global para Riesgos, en 2019 el robo, fraude de datos y ciberataques se encontraron entre los 5 riesgos con más probabilidad de ocurrencia.
Señala que México cayó 35 lugares en el Índice Global de Ciberseguridad de la Unión Internacional de Telecomunicaciones. Entre 2017 y 2018, México pasó del lugar 28 al 63.
Refiere que más del 50 por ciento de las empresas han tenido un ciberataque y el país se encuentra en el lugar número 12 de los más atacados con malware.
Según la empresa Fortinet, empresa global en materia de ciberseguridad, México sufrió más de 12.8 billones de intentos de ciberataques en 2019.
Según el senador Miguel Ángel Mancera, el costo de un hackeo en México en 2018 fue de 2.5 millones de pesos. En 2019 esta cifra alcanzó los 6.5 millones de pesos.
El coordinador del PRD, señala que el objetivo de su iniciativa es proteger a las instituciones del Estado y a la sociedad frente a los ciberataques, lo anterior a través de la instrumentación de acciones legislativas que permitan prevenir y sancionar los actos perpetrados por la ciberdelincuencia.
Se propone la creación del Centro Nacional de Ciberseguridad que tendrá entre otras las siguientes atribuciones:
Monitorear, prevenir y manejar los riesgos, peligros y amenazas de ciberseguridad que surgen dentro y fuera del territorio nacional.
Proteger la infraestructura de información crítica contra ataques, intrusiones, interferencias, negaciones de servicio y destrucción.
La Ley de Ciberseguridad será reglamentaria del párrafo tercero del artículo 6º de la Constitución Política.
Esta ley prevé multas de 3000 veces la Unidad de Medida de Actualización, es decir, 260 mil 640 pesos a quien cometa delitos que atenten contra la ciberseguridad.
