México, 23 de noviembre de 2020.- Jueces y magistrados del país afirmaron que en tiempos de crisis económica causada por la pandemia de Covid-19, es innecesaria en México una reforma al Poder Judicial con el aparente propósito de eficientar la impartición de justicia.
Al iniciar este lunes en el Senado el Parlamento Abierto respecto a la Reforma para y el Poder Judicial, Alejandro Sergio González Bernabé, magistrado del Consejo de la Judicatura Federal y Arturo Guerrero Zazueta, secretario ejecutivo del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, respaldaron la propuesta de transitar de tribunales unitarios a tribunales colegiados de apelación.
Argumentaron que con esto se garantizará la imparcialidad del juzgador o la juzgadora y rechazaron que signifique en el futuro la constitución de tribunales “ad hoc” o de consigna.
Sin embargo, Ariel Alberto Rojas Caballero, presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, cuestionó si este es el mejor momento para discutir y aprobar una reforma judicial, cuando se vive una pandemia mundial de proporciones catastróficas, que en México ha dejado más de 100 mil muertos.
Afirmó que este escenario cambia las prioridades presupuestales, pues la pobreza en México se va a incrementar a niveles nunca vistos.
“El grave impacto económico que va a tener esta reforma, las grandes reformas al Poder Judicial como la de 1988, la del ’94, incluso la del 2010, se hicieron con suficiencia presupuestaria, en este momento el Poder Judicial de la Federación tiene el gran reto de implementar la reforma laboral y ahí compromete recursos muy importantes. Una reforma judicial sin el presupuesto adecuado está condenada a ser letra muerta y en el papel. (…) En este parlamento abierto, pues con todo respeto hay pues puras amigas y amigos, no veo a los representantes de las organizaciones no gubernamentales, no veo a los representantes de las barras y colegios de abogados más significativos de nuestro país, creo que este es un proceso que se ha hecho cupularmente y que no ha sido ampliamente discutido”.
Por su parte, Alejandro Sergio González Bernabé, aseveró que la sociedad exige un Poder Judicial cercano, conectado a la realidad, sensible al sufrimiento del pueblo, donde la autonomía e independencia judicial sean virtudes, que catapulten a la impartición de justicia, ya que al ser un poder equilibrador todos sus integrantes participan dentro de la gobernabilidad del Estado mexicano.
¿Cuesta más? Sí, pero el país reclama y requiere mayor calidad y seguridad en la justicia. Reclama supraespecializar las resoluciones de apelación y hacerlas más sólidas. (…) En pocas palabras, la habilitación de los tribunales colegiados de apelación, proporcionará mayor racionalidad y confiabilidad en el ejercicio de la jurisdicción y, por lo tanto, fortalecerá nuestro sistema de justicia al garantizar medios de impugnación efectivos acordes con la normativa nacional e internacional”.
El secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura, Arturo Guerrero Zazueta, afirmó que esta es una reforma que busca elevar la calidad de la justicia.
Dijo que la misma pretende pasar de una instancia unipersonal a una colegiada, para una mayor eficacia de la justicia y no transgrede el derecho al juez natural, no está pensada para una generalidad de casos, sino para los más lacerantes, evita conflictos competenciales y favorece un enfoque de Estado y una justicia completa para las víctimas.
“El riesgo de una reforma en tiempos económicamente complicados, máxime cuando implica quizá la transformación o creación de nuevos órganos. Creo que una ventaja de la reforma está precisamente que se plantea aprovechando el andamiaje existente, para potenciar al Poder Judicial de la Federación. Los momentos de crisis siempre son oportunidades de transformación y, creo que es lo que se plantea ahora, dar el paso que hacía falta desde 1994, permitiendo que los órganos del Poder Judicial de la Federación cumplan con esa idea de justicia que se tenía planteada”.
El presidente de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, Ariel Alberto Rojas Caballero, resaltó que si de veras se quiere modificar el sistema de administración de justicia orientado a los más débiles, hay que dar prioridad a la modificación de las leyes procesales, acelerar los mecanismos de resolución de controversias y apostar a la digitalización.
Mencionó que la reforma que se propone violenta preceptos establecidos por el Comité de Derechos de la ONU, entre ellos, la independencia del Poder Judicial de la Federación y, en su momento de la Fiscalía General de la República.
