México, 28 de febrero.- El senador Antonino Morales presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Salud con el objetivo de robustecer la regulación de los centros privados de tratamiento de adicciones en México y establecer, por primera vez, sanciones penales de hasta 15 años de prisión para quienes operen sin autorización sanitaria o pongan en riesgo la vida, integridad o libertad de las personas.
El legislador, integrante de la Comisión de Derechos Humanos, explicó que la propuesta busca evitar el internamiento de personas sin su voluntad, la presencia de menores de edad en estos espacios y prácticas que pueden constituir tortura, documentadas por organismos nacionales e internacionales como la ONU.
De acuerdo con la iniciativa, las penas se incrementarán hasta en una mitad cuando se ejerzan actos de violencia física o psicológica, o cuando las víctimas sean niñas, niños o adolescentes.
Asimismo, se contemplan sanciones administrativas y disuasivas como la clausura temporal o definitiva —parcial o total— de los establecimientos, además de multas superiores a los 700 mil pesos.
Morales subrayó que el propósito es fortalecer el marco normativo aplicable a los centros sociales y privados de tratamiento de adicciones, garantizando que su operación se ajuste a estándares de derechos humanos y que existan consecuencias jurídicas claras ante conductas que lesionen bienes fundamentales como la libertad, la integridad o la vida, ya que actualmente no se contemplan sanciones penales específicas.
La propuesta también obliga a la autoridad sanitaria a realizar supervisiones periódicas y establecer mecanismos de protección de derechos humanos.
Se prohíben esquemas de aislamiento, incomunicación o retención injustificada; el internamiento deberá ser voluntario, con consentimiento libre e informado, por el tiempo estrictamente necesario y con derecho a comunicación, visitas y a presentar quejas ante autoridades competentes.
Además, los centros deberán cumplir con requisitos de infraestructura, contar con personal con perfil profesional adecuado y aplicar protocolos basados en evidencia científica.
El senador señaló que, pese a existir un marco jurídico sólido, diversos estudios han concluido que en México persiste la impunidad y un grave riesgo de malos tratos y tortura en este tipo de establecimientos.
La propia Comisión Nacional contra las Adicciones (CONADIC) reconoce en su Directorio Nacional de Establecimientos Residenciales 248 centros registrados; sin embargo, un número considerable opera de manera irregular, lo que dificulta su supervisión por parte del Estado.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura han documentado en entidades como Morelos, Nayarit y Oaxaca una insuficiente regulación y supervisión; modelos de atención inadecuados sin lineamientos clínicos claros; ausencia de consentimiento informado; privaciones de la libertad sin control judicial, así como presencia de menores de edad, lo que agrava el riesgo de violaciones graves a derechos humanos.
También se han identificado entornos que podrían configurar tratos crueles, inhumanos o degradantes conforme a estándares constitucionales e internacionales.
La iniciativa propone reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de atención y tratamiento de adicciones, a fin de atender una problemática estructural que durante años ha afectado a miles de personas en el país y armonizar la política de salud pública con las obligaciones internacionales del Estado mexicano.
“Se trata de consolidar un modelo de atención que privilegie la dignidad humana, la legalidad democrática y la protección efectiva de personas en situación de vulnerabilidad”, concluyó el legislador.
