México, 26 de octubre.- El presidente del Senado, Higinio Martínez, llamó a la presidenta Claudia Sheinbaum a encabezar una cruzada nacional contra la corrupción y la impunidad, con investigaciones que alcancen a funcionarios de todos los partidos, incluidos los de Morena, así como a empresarios que pudieran estar involucrados en irregularidades con recursos públicos.
“Caiga quien caiga, sea de Morena, pero también sea de otros partidos”, advirtió el senador, al sostener que el combate a la corrupción debe ir más allá de los discursos y traducirse en investigaciones, auditorías y sanciones para quienes resulten responsables.
Ante los señalamientos relacionados con el Instituto Nacional Electoral (INE) y la renuncia de su presidenta, Guadalupe Taddei, el legislador consideró que el momento exige una revisión de fondo de las instituciones públicas, los mecanismos de fiscalización y las prácticas que permiten posibles desvíos de recursos, conflictos de interés y tráfico de influencias.
Martínez sostuvo que Sheinbaum tiene la autoridad política, legal y moral para impulsar esta estrategia, debido al respaldo ciudadano con el que cuenta.
Por ello, insistió en que el gobierno federal debe intensificar las acciones anticorrupción y presentar el paquete de reformas que permita fortalecer los controles sobre el ejercicio del dinero público.
El senador aclaró que su llamado no significa desconocer los esfuerzos de la mandataria, sino reconocer que ninguna persona puede vigilar por sí sola todas las dependencias, gobiernos estatales y municipios del país.
En consecuencia, pidió que los órganos de control y fiscalización actúen con mayor eficacia y no dependan exclusivamente de las investigaciones periodísticas para detectar posibles irregularidades.
“¿Por qué tienen que ser los medios de comunicación o los periodistas los que tienen que decirnos dónde hay corrupción?”, cuestionó, al reclamar que las instituciones responsables de vigilar los recursos públicos asuman su obligación de investigar.
El legislador también criticó el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, al considerar que no ha ofrecido resultados suficientes.
A su juicio, el problema no termina con la detección de conductas indebidas, sino que se agrava cuando los responsables no enfrentan consecuencias.
“Yo digo que la continuación de ese problema es la impunidad de los gobernantes”, afirmó, al recordar que durante décadas escuchó al expresidente Andrés Manuel López Obrador señalar que la corrupción era uno de los principales problemas de México.
Para Martínez, el desafío consiste en impedir que las denuncias queden en el debate público y garantizar que cada caso sea revisado, independientemente de quién sea señalado.
En ese sentido, reconoció que Morena también debe realizar un ejercicio de autocrítica ante las acusaciones que involucran a integrantes de la clase gobernante.
“Si cabe la autocrítica al gobierno, somos los que gobernamos este país”, expresó.
Sobre el caso del INE, el senador planteó que las investigaciones no deben concentrarse únicamente en la persona que encabezaba el organismo, sino extenderse a las áreas administrativas, los procedimientos de contratación y cualquier funcionario o particular que pudiera tener responsabilidad.
Señaló que, si las auditorías detectan irregularidades en los contratos, tanto los servidores públicos como los empresarios involucrados deberán responder conforme a la ley.
También consideró pertinente que el Congreso revise si es necesario modificar las reglas de funcionamiento y los mecanismos de nombramiento dentro de las autoridades electorales.
No obstante, descartó que la salida de la presidenta del INE represente, por sí misma, un riesgo para las elecciones de 2027, al señalar que el Consejo General y las distintas áreas del instituto pueden continuar con los preparativos de los comicios.
Martínez pidió además que las denuncias públicas se acompañen de elementos que permitan investigarlas, pues advirtió que tampoco deben formularse acusaciones sin pruebas.
El senador insistió en que la corrupción debe combatirse en los gobiernos federal, estatales y municipales, sin distinciones partidistas.
Para ello, consideró indispensable fortalecer la vigilancia sobre los recursos públicos y evitar que los intereses particulares prevalezcan sobre las obligaciones de los funcionarios.
