México, 19 de agosto.- La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó con 26 votos a favor, cinco en contra y cinco abstenciones la renuncia de Mónica Soto como magistrada de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), la cual será efectiva a partir del próximo 31 de agosto.
La decisión generó un fuerte debate entre legisladores de oposición y el bloque oficialista, principalmente por la interpretación del artículo 98 de la Constitución, que establece que las renuncias de magistradas y magistrados electorales deben obedecer a una causa grave.
El PRI y el PAN cuestionaron que el Congreso aprobara la separación del cargo sin un análisis de fondo sobre las razones expuestas por Soto en su escrito, mientras Morena y sus aliados defendieron la procedencia de la renuncia y aseguraron que no se pone en riesgo el funcionamiento del máximo órgano de justicia electoral.
La senadora priista Carolina Viggiano pidió que se diera lectura al artículo 98 constitucional y sostuvo que el procedimiento seguido por la mayoría oficialista representa un nuevo debilitamiento de los contrapesos institucionales.
Advirtió que con la salida de Soto el Tribunal Electoral quedará con cinco de sus siete magistraturas, situación que, a su juicio, reduce los márgenes para garantizar la independencia y pluralidad del órgano encargado de resolver las controversias electorales.
Viggiano también cuestionó que la magistrada no haya expuesto públicamente una causa que, desde su perspectiva, pueda considerarse grave. Criticó que se pretenda justificar la salida por el cierre de un ciclo profesional y compromisos personales y familiares.
“El límite de todos es la ley”, sostuvo la legisladora, quien acusó al oficialismo de concentrar el poder y advirtió que el debilitamiento de los órganos autónomos y de los tribunales terminará afectando a la propia República.
Desde Acción Nacional, el senador José Máximo García López calificó la aprobación como un proceso “fast track” y sostuvo que la Comisión Permanente no debió votar la renuncia sin revisar previamente si la causa invocada cumplía con el requisito constitucional.
Señaló que el argumento de cerrar un ciclo profesional y atender compromisos familiares “no constituye una causa grave” bajo una interpretación constitucional, por lo que aprobarla sin mayor análisis convertiría el procedimiento en una “simulación jurídica”.
No obstante, explicó que el PAN tampoco podía votar simplemente en contra, porque ello implicaría obligar a Soto a permanecer en un cargo que ya decidió abandonar.
En tanto, el diputado de Movimiento Ciudadano Gibrán Ramírez afirmó que el Congreso debió suspender el procedimiento por la falta de discusión de fondo.
Acusó al oficialismo de tratar asuntos de relevancia constitucional como simples trámites administrativos y sostuvo que la salida de Soto forma parte de un proceso de debilitamiento de las instituciones electorales.
Ramírez también recordó las críticas que ha recibido la magistrada por resoluciones relacionadas con los llamados “acordeones” durante la elección judicial, así como por decisiones sobre distribución de diputaciones y otros asuntos electorales.
En contraste, el coordinador del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, Reginaldo Sandoval, defendió la aprobación y afirmó que la Comisión Permanente cumplió con la responsabilidad prevista en el artículo 98 constitucional.
Destacó que Soto cuenta con casi una década de experiencia en la Sala Superior y sostuvo que su renuncia responde a una decisión personal, por lo que debe respetarse.
Sandoval rechazó que la salida afecte la operación del Tribunal Electoral, al señalar que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación permite que la Sala Superior sesione con cuatro magistraturas.
El legislador aseguró que tampoco estarán comprometidas las resoluciones relacionadas con los procesos electorales federales y locales de 2027, pues, dijo, la Constitución y las leyes establecen los quórums y las mayorías necesarias para resolver los asuntos.
Con la aprobación, la Sala Superior enfrentará una nueva etapa con cinco magistraturas, mientras la oposición advierte que la reducción de integrantes puede impactar los contrapesos dentro del máximo tribunal electoral del país.
El pleno de la Comisión Permanente aprobó con 26 votos en pro, cinco en contra y cinco abstenciones la
renuncia de Mónica Soto como magistrada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a partir del 31 de agosto próximo.
