México, 16 de julio.— Pablo Angulo Briseño, senador del PRI, cuestionó el reciente nombramiento de Hugo López-Gatell como representante permanente de México ante la Organización Mundial de la Salud (OMS), al considerar que este tipo de designaciones deben ser objeto de revisión y ratificación por parte del Senado de la República.
En ese contexto, el legislador presentó una iniciativa de reforma constitucional a los artículos 76 y 89, con el objetivo de fortalecer los controles democráticos sobre las decisiones del Ejecutivo Federal en materia de política exterior, específicamente en lo relativo a la representación de México ante organismos internacionales.
“Hoy más que nunca se requiere transparencia y rendición de cuentas en las designaciones diplomáticas, sobre todo cuando se trata de figuras altamente cuestionadas por su gestión en temas sensibles como la salud pública”, afirmó Angulo Briseño en clara alusión a López-Gatell, quien fungió como subsecretario de Salud durante la pandemia de COVID-19.
La iniciativa plantea modificar la fracción II del artículo 76 de la Constitución, para que el Senado no sólo ratifique a embajadores y cónsules generales, sino también a los jefes de misión y representantes permanentes ante organismos internacionales, como es el caso de la OMS.
Actualmente, dichos cargos se encuentran exceptuados de ratificación senatorial, lo que —según el priista— permite al Ejecutivo nombrar representantes sin el debido análisis de su idoneidad, trayectoria y antecedentes.
La propuesta también reforma las fracciones II y III del artículo 89 constitucional, para precisar las atribuciones del presidente (a) en cuanto a la conducción de la política exterior y sus límites conforme al principio de división de poderes.
El senador subrayó la relevancia de la representación mexicana en sedes como Ginebra, Suiza —considerada la “capital de la paz”— que alberga al menos 36 organismos del sistema de Naciones Unidas, entre ellos la propia OMS, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la Organización Mundial del Comercio (OMC), y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).
“La designación de representantes ante estos organismos no puede ser una decisión unipersonal o política. Se trata de posiciones que implican responsabilidad internacional y deben estar sujetas a un control republicano”, puntualizó el de Campeche.
