Ginebra, 2 de abril.- El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas(ONU) pidió al organismo internacional evaluar acciones que permitan respaldar al gobierno de México en la prevención, investigación y erradicación de este delito, cuya magnitud —advirtió— podría encuadrarse como crimen de lesa humanidad.
El presidente del Comité, Juan Albán-Alencastro, subrayó que el derecho internacional no condiciona estos crímenes a que ocurran a nivel nacional o sean dirigidos desde las más altas esferas del poder, sino que lo determinante es la escala, el patrón de los ataques y que estén dirigidos contra la población civil.
En un comunicado, el órgano especializado señaló que la gravedad del fenómeno en México se refleja en el hallazgo constante de fosas clandestinas, donde se han localizado más de 6 mil 200 cuerpos y alrededor de 76 mil restos humanos, en su mayoría sin identificar.
Aunque reconoció las medidas implementadas tras su visita al país en 2021, el Comité sostuvo que “no se ha observado una mejora sustancial” en la situación. Añadió que las instituciones continúan rebasadas por la dimensión del problema, por lo que consideró urgentes reformas estructurales para contener las desapariciones.
Asimismo, advirtió que México concentra el mayor número de acciones urgentes en materia de desaparición forzada a nivel mundial, con un repunte reciente. De acuerdo con un informe difundido por la organización I(dh)eas, entre 2012 y febrero de 2026 se han registrado 819 solicitudes —equivalentes al 38% del total global—, mientras que solo en los últimos cinco meses se contabilizaron 40 nuevos casos, más de un tercio de los reportados en ese periodo a nivel internacional.
El Comité indicó que una parte importante de las desapariciones ocurre en el contexto de la llamada “guerra contra las drogas”, y aunque no existen indicios de una política federal sistemática para perpetrarlas, sí hay sospechas de que muchos casos están vinculados con grupos delictivos. No obstante, también alertó que en diversas denuncias las investigaciones apuntan a una posible participación directa de funcionarios públicos, o al menos a su aquiescencia.
La solicitud de los expertos fue enviada al secretario general de la ONU, António Guterres, con el fin de que sea remitida de manera urgente a la Asamblea General.
Entre las acciones que podrían adoptarse se contemplan mecanismos de cooperación técnica, financiamiento y asistencia especializada para fortalecer las labores de búsqueda, los análisis forenses y las investigaciones, incluyendo aquellas que indagan posibles vínculos entre autoridades y el crimen organizado.
