México, 6 de agosto.- La Fiscalía General de la República (FGR) informó que fue detenida una persona identificada como Ángel “N”, quien corresponde al exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, tras la obtención y cumplimiento de una orden de aprehensión derivada de nuevas investigaciones relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa.
La captura del exmandatario estatal representa un nuevo punto de inflexión en la investigación del caso ocurrido en septiembre de 2014, al ser señalado por la Fiscalía como presunto participante en acciones destinadas al ocultamiento de evidencias que pudieron haber contribuido a esclarecer el paradero de los normalistas.
De acuerdo con la FGR, la detención fue resultado de un nuevo modelo de investigación que incluyó un reanálisis de las actuaciones existentes, así como la realización de nuevos actos de investigación que permitieron reunir elementos para acreditar la posible intervención de Aguirre Rivero en hechos posteriores a la desaparición de los estudiantes.
La Fiscalía explicó que, a partir de esta revisión del expediente, se solicitó una orden de aprehensión contra el exgobernador, la cual fue autorizada por un juez y posteriormente ejecutada por las autoridades correspondientes.
El arresto de quien gobernaba Guerrero durante la noche de los hechos coloca nuevamente bajo escrutinio el papel de las autoridades estatales en la desaparición de los jóvenes, ocurrida entre la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
Aguirre Rivero renunció a la gubernatura de Guerrero el 23 de octubre de 2014, semanas después de la desaparición de los normalistas, en medio de una crisis política y social provocada por el caso.
Durante más de una década, la investigación de Ayotzinapa ha atravesado distintas etapas y ha involucrado a autoridades municipales, estatales y federales.
La FGR sostiene que la nueva fase busca revisar responsabilidades no solo de quienes participaron directamente en la desaparición, sino también de quienes pudieron intervenir en acciones posteriores para alterar, desviar u ocultar información.
La detención del exgobernador abre una nueva línea de investigación sobre la posible responsabilidad de funcionarios de alto nivel y busca responder una de las principales exigencias de los familiares de los estudiantes: conocer qué ocurrió con los 43 normalistas y quiénes participaron en el encubrimiento de los hechos.
Durante un mensaje a la nación, la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, explicó que uno de los hallazgos centrales de la investigación está relacionado con las videograbaciones captadas por las cámaras de seguridad 12 y 15 instaladas en el exterior del Palacio de Justicia de Iguala, las cuales registraron el momento en que el autobús Estrella de Oro 1531, en el que viajaba un grupo de normalistas, fue interceptado por policías municipales y estatales la noche del 26 de septiembre de 2014.
Recordó que durante años la versión oficial sostuvo que esas imágenes no existían debido a supuestas fallas técnicas en el sistema de videovigilancia. Sin embargo, las nuevas investigaciones demostraron que esa explicación era falsa.
De acuerdo con la FGR, en enero de 2026 una persona colaboradora declaró que las videograbaciones sí existieron y que fueron sustraídas para ser entregadas directamente a Ángel Aguirre. El testigo también afirmó que había permanecido en silencio debido a amenazas.
Posteriormente, en mayo de 2026, un segundo testigo protegido reforzó esa versión al señalar que el entonces gobernador convocó a una reunión con mandos de primer nivel de su administración, donde ordenó desaparecer cualquier evidencia relacionada con los hechos ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Iguala.
Godoy afirmó que la Fiscalía cuenta con pruebas suficientes para sostener que la instrucción de ocultar las grabaciones fue emitida directamente por el entonces gobernador con la participación de altos funcionarios estatales, por lo que el ocultamiento de las evidencias no fue una omisión ni un error técnico, sino una operación deliberada y estructurada desde la cúpula del Poder Ejecutivo de Guerrero.
Con base en esos elementos, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa solicitó y obtuvo de un juez una orden de aprehensión contra Ángel Aguirre por los delitos de desaparición forzada de personas y delitos contra la administración de justicia.
La orden judicial fue cumplimentada este miércoles en el Estado de México, con pleno respeto a sus derechos humanos, precisó la fiscal.
Finalmente, Ernestina Godoy aseguró que la Fiscalía mantendrá informadas a las familias de los normalistas y a la sociedad conforme lo permita el debido proceso, y reiteró que las investigaciones continuarán con rigor científico y profesionalismo.
“No nos detendremos hasta conocer la verdad de los hechos. Donde haya impunidad habrá investigación y donde haya crimen habrá consecuencias”, concluyó la titular de la FGR.
