México, 2 de enero de 2018.- Miguel Barbosa Huerta, vicecoordinador del Partido del Trabajo en el Senado, afirmó que es el tiempo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, encargada de salvaguardar la constitucionalidad de la Carta Magna, emita con sensatez su resolución con respecto a la Ley de Seguridad Interior.
Recordó que luego de la publicación de esta ley, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) declaró que presentará una acción de inconstitucionalidad, “si esto ocurre, será el momento en que la Corte tendrá la última palabra en este tema”.
El político poblano consideró que la afirmación del presidente de la República en el sentido que esperará la resolución del máximo tribunal del país para aplicar esta ley “más parece un desafío que un acto de responsabilidad; mal hace el Presidente al rivalizar con la sociedad y mal haría la Corte al someterse a los intereses del Poder Ejecutivo”.
Indicó que el Gobierno Federal se distanció de la realidad y de los mexicanos. “Desafía y rivaliza con la opinión pública nacional y extranjera; parece que nos reta, que reta a la razón y al sentido común, que nos dice: a ver, demuestren que es inconstitucional”.
Sostuvo que esto dicho desde la Presidencia de la República y todo el poder y recursos que concentra y su capacidad de influencia en la vida pública, se percibe como una nueva simulación para simplemente avanzar en la legitimación de esta ley.
Advirtió que el gobierno del presidente Peña Nieto perdió sensatez en el ejercicio de la autoridad y se olvidó que quien ejerce el poder cuida el interés general; “ahora queda claro lo que siempre desde la oposición real hemos sostenido: el actual gobierno sólo se ha dedicado a cuidar sus intereses”.
Agregó que pareciera que todos los argumentos, reiteradamente expuestos por representantes de organismos nacionales e internacionales, como la CNDH, la ONU, la OEA, organizaciones defensoras de estos derechos, activistas, periodistas y académicos, están escritos en un idioma que el Gobierno Federal no entiende, o mejor dicho, lo entiende, pero simplemente los ignora.
Miguel Barbosa Huerta aseguró que el presidente Peña Nieto al impulsar esta ley, obedece al gobierno de Estados Unidos que quiere que el continente americano se militarice, pero también obedece a la oligarquía mexicana que quiere a un Ejército sin controles políticos reales, ante el irremediable cambio de régimen que ocurrirá en México en el 2018.
“No pasará mucho tiempo para que comiencen a aparecer datos y declaraciones de la subordinación del gobierno de México a este tipo de intereses”, indicó.
Afirmó que en estos momentos, el gobierno no calibra adecuadamente el impacto social de estas decisiones; “apuesta a que con las fiesta decembrinas y el nuevo año, el tema quedará olvidado, como ocurre con varios tópicos de la agenda nacional.
Se equivoca, la respuesta y crítica no ha cesado; por el contrario, son cada vez más la voces que alertan sobre los riesgos que implica esta ley”.
