México, 12 de febrero.- El gobierno federal ha recuperado más de 889 mil hectáreas concesionadas a la minería, como parte de una política para combatir la especulación, el incumplimiento legal y el uso indebido de bienes nacionales, informó el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.
Por instrucción directa de la presidenta Claudia Sheinbaum, desde el inicio de la actual administración se realizó una revisión integral de las concesiones mineras vigentes, con el objetivo de cancelar aquellas que no registraban trabajos de exploración, no pagaban derechos o eran utilizadas únicamente con fines especulativos.
Ebrard precisó que, al día de hoy, se han recuperado alrededor de mil 200 concesiones, equivalentes a 889 mil hectáreas, y adelantó que en los próximos días se presentará un reporte detallado sobre su ubicación y características.
“Uno de los objetivos prioritarios del gobierno ha sido recuperar concesiones que no cumplen con la ley y que mantienen ociosos bienes que pertenecen a la nación”, subrayó.
Por su parte, el jefe de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la Secretaría de Economía, Fernando Aboitiz, destacó que este proceso inició en la administración pasada y se ha fortalecido como parte de la política de la Cuarta Transformación para evitar la especulación y proteger el territorio nacional.
Detalló que se han cancelado mil 126 concesiones mineras, que en conjunto suman 889 mil 502 hectáreas, una superficie comparable con la extensión territorial del estado de Querétaro.
Uno de los datos más relevantes del informe es que casi 250 mil hectáreas recuperadas se localizan dentro de Áreas Naturales Protegidas, lo que refuerza el compromiso del gobierno federal de impedir actividades mineras en zonas de alto valor ambiental.
“Es política del gobierno cuidar que en las áreas naturales protegidas no existan concesiones mineras, y este trabajo va justamente en ese sentido”, enfatizó Aboitiz.
Las principales razones para la cancelación de las concesiones fueron el incumplimiento en el pago de derechos, ya que la ley establece que dos años de adeudo son causa suficiente de cancelación, así como la omisión de informes estadísticos y de obras, documentos que acreditan que los concesionarios realizan trabajos reales de exploración.
“La ausencia de estos informes demuestra que las concesiones estaban ociosas y se utilizaban únicamente para especular”, explicó el funcionario.
Aboitiz añadió que, además de las cancelaciones legales, ha existido un diálogo con la industria minera, mediante el cual algunas empresas han devuelto voluntariamente concesiones, entre ellas Autlán y Peñoles.
Aunque este número representa una proporción menor del total recuperado.
El proceso de recuperación se ha llevado a cabo prácticamente en todo el país.
De acuerdo con el mapa presentado por la Secretaría de Economía, los estados con mayor reducción de concesiones son Coahuila, Chihuahua, Sonora, Zacatecas, Durango y Jalisco.
En contraste, Campeche, Quintana Roo y Tabasco prácticamente no registran actividad minera, mientras que en Yucatán predomina la explotación de sal.
Las autoridades subrayaron que esta política no busca frenar la actividad minera productiva, sino ordenar el sector, garantizar el cumplimiento de la ley y asegurar que las concesiones beneficien al desarrollo nacional y no a intereses especulativos.
En este contexto, se destacó que la minería debe operar bajo un esquema de responsabilidad social y ambiental, priorizando el interés público y el uso racional de los recursos naturales.
