México, 9 de diciembre.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, afirmó que la explosión de un coche-bomba registrada el sábado pasado en el municipio de Coahuayana, Michoacán, no será investigada como terrorismo, sino como un hecho relacionado con delincuencia organizada y tráfico de armas, al señalar que el ataque fue perpetrado por integrantes de grupos criminales que operan en la región.
Durante su explicación, el funcionario aclaró que dos personas vinculadas a células delictivas, afines al Cártel Jalisco Nueva Generación, al Cártel de Tepalcatepec y a Cárteles Unidos, participaron en la acción.
Recordó que estas organizaciones también han agredido previamente a policías comunitarias reguladas desde 2016.
García Harfuch detalló que la carpeta de investigación se abrió en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) por delitos de tráfico y acopio de armas, al tratarse de un ataque cometido en el contexto de disputas entre grupos criminales.
El secretario subrayó que el hecho no encuadra en el delito de terrorismo, ni bajo la legislación mexicana ni bajo estándares internacionales.
“No es por terrorismo, como sabemos, en la ley tanto mexicana como internacional, el terrorismo busca imponer objetivos políticos, ideológicos, religiosos o sociales. En este caso son actos criminales para ampliar sus actividades criminales”, explicó.
Precisó que la agresión responde a los intentos de las organizaciones delictivas por expandir su control territorial, fortalecer rutas de trasiego de droga, incrementar el narcomenudeo, la extorsión, el tráfico ilegal e incluso actividades de minería ilícita.
Ante la pregunta expresa de si el gobierno federal descarta que se trate de terrorismo, García Harfuch fue contundente:
“Sí, se descarta, por lo que acabo de decir, no sólo por la ley mexicana, también por la ley internacional”.
El funcionario reiteró que los hechos serán investigados bajo los delitos de delincuencia organizada y homicidio, además de los relacionados con el uso y tráfico de armamento prohibido.
Aseguró que las autoridades federales continúan coordinándose con el gobierno de Michoacán para el esclarecimiento total del caso y para reforzar la presencia en la zona, donde operan diversas células con disputas activas.
