México, 21 de agosto.- La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, advirtió que la política de austeridad deberá aplicarse no sólo al Poder Ejecutivo y al Legislativo, sino también al Poder Judicial, al Instituto Nacional Electoral (INE) y a los organismos autónomos, ante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para 2027.
Durante la conferencia matutina, la funcionaria fue cuestionada sobre las solicitudes presupuestales que se perfilan para el próximo año, entre ellas los recursos destinados a los partidos políticos y posibles incrementos de gasto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), particularmente para prestaciones dirigidas a mandos superiores.
Rodríguez sostuvo que el Gobierno de México respetará la autonomía de las instituciones, pero dejó claro que espera prudencia en la elaboración de sus solicitudes presupuestales y que no se planteen requerimientos considerados excesivos.
“Son tiempos de austeridad”, afirmó la secretaria, al señalar que esta política debe aplicarse al conjunto de los poderes y organismos públicos.
Explicó que el gobierno federal ya ha abordado el tema con la presidenta del INE y con algunos integrantes del Consejo General, por lo que, aunque reconoció la autonomía del órgano electoral, también subrayó que éste debe considerar las prioridades nacionales y el contexto de austeridad en el que se elaborará el presupuesto de 2027.
“Sabemos de la autonomía, pero también sabemos de las prioridades del gobierno”, señaló.
Ante las preguntas sobre el presupuesto que podría solicitar el INE —en medio de la polémica por los recursos destinados a los partidos políticos—, Rodríguez manifestó su confianza en que habrá acuerdos para contener el gasto.
“Nosotros tenemos confianza en que tanto el Poder Judicial como el INE vamos a llegar a acuerdos en materia de austeridad del presupuesto”, sostuvo.
La secretaria también fue cuestionada sobre el eventual incremento progresivo de los salarios de los trabajadores del Gobierno de México, así como sobre el decreto anunciado para garantizar salarios dignos a los servidores públicos.
Rodríguez aclaró que cualquier incremento salarial o modificación de prestaciones deberá estar respaldado por recursos presupuestales.
En este sentido, remarcó que no es posible establecer aumentos sin considerar previamente la disponibilidad financiera del Gobierno de México.
“Todo lo que son los incrementos, los montos, tienen que estar con base en el presupuesto”, explicó.
Precisó que corresponderá a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público determinar cuáles son los recursos disponibles y para qué alcanzará el presupuesto correspondiente a 2027.
La titular de Gobernación evitó adelantar montos o porcentajes para los posibles incrementos y señaló que será Hacienda la dependencia encargada de definir la viabilidad financiera de las medidas.
Rodríguez puso como ejemplo la política salarial que mantiene actualmente el gobierno federal y aseguró que los altos servidores públicos no han recibido incrementos, como parte de las medidas de austeridad.
“Los altos servidores públicos, los responsables, no tenemos ningún incremento en el Gobierno de México y es parte de la austeridad”, afirmó.
A partir de esta política, la secretaria consideró que otras instituciones y organismos públicos deberían mantener una conducta similar al momento de plantear sus necesidades presupuestales.
“Esperamos lo mismo de otras instancias”, agregó.
